Organizaciones civiles de los 32 estados de la República Mexicana se unieron al Frente Veracruzano por la Salud para exigir a las autoridades estatales veracruzanas legalizar el aborto por la causal de salud, la cual dijeron, ha sido desechada por diputados que integran el parlamento del estado costero.
En el estado de México, el Observatorio ciudadano de género y la asociación Corazones Diversos del Estado de México, señalaron que las autoridades veracruzanas trasgreden los derechos humanos de las mujeres y niñas para poder decidir su cuerpo, además de violar los tratados internacionales firmados por las autoridades federales en la materia.“México ha firmado muchos tratados internacionales y Veracruz en este momento no lo está cumpliendo, lo está echando para abajo el derecho de las mujeres a la libre elección, y más allá, el derecho a la vida y su salud”.
Comentaron que de acuerdo con la norma 046, aprobada desde 2005, se estipula la irrupción del embarazo antes de las primeras 12 semanas de gestación por cuatro causales: Cuando el embarazo se produjo por una conducta imprudente o culposa de la mujer; cuando el embarazo sea producto de una violación; cuando la mujer corra peligro de muerte, siempre que lo dictaminen dos médicos diferentes; cuando el feto presente graves alteraciones congénitas o genéticas, siempre que lo dictamine un médico.
Por otra parte, y con la finalidad de reafirmar su postura en la entidad mexiquense solicitarán una reunión con el gobernador Alfredo del Mazo Maza para conocer detalladamente las acciones a seguir en materia de alerta de género.
Si bien, una de las propuestas de la actual administración durante la campaña electoral fue el apoyo a madres de familia con la propuesta del salario rosa, aseguran esta no es suficiente para erradicar la violencia en contra de las mujeres.
Lo exterior debido a que las acciones actuales que buscan erradicar los actos delictivos en contra de las mujeres no ha disminuido, incluso continúan presentandose las violaciones y agravios durante las las denuncias ante las autoridades estatales, ya que, dicen, no cuentan con la capacitación adecuada para el tratamiento de las víctimas.
