Habitantes de la comunidad de San Jerónimo Acazulco, Ocoyoacac, estado de México se reunieron – esta mañana – en la capital mexiquense para denunciar los daños ocasionados en mantos acuíferos, vida silvestre, comercio y turismo de la zona por el paso del Tren ligero.
Con la participación de 300 comuneros, aproximadamente, en esta movilización, el presidente del comisariado de bienes comunales de la comunidad, Marcelino Pascual Narváez, precisó que son 15 hectáreas de terreno que se verán afectados.
Esto, por las perforaciones que se realizan en la superficie de hasta 20 metros de profundidad, los cuales, dicen, no contemplaba el proyecto presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, motivando a los comuneros a manifestarse.
Por su parte, el representante legal de los afectados, Santiago Pérez Alvarado, indicó que son seis puntos que afectan directamente.
“El amparo que nosotros estamos metiendo es específico para San Jerónimo Acazulco, en las superficies que empiezan en el tramos del ININ (Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares) y terminan en la carretera que va a Chalma (…) donde se están dañando mantos acuíferos y con los cuales la comunidad quedaría sin agua.”
Los puntos especificados son: Zona del Pantano; afectando mantos acuíferos que abástense de agua a la comunidad, Valle de la Loma dañando mantos friáticos, fauna nativa y paso de los habitantes a comunidades vecinas. Además de una zona turística de la que dependen 22 comuneros.
También, el Valle del Venado II; dañando pastizales que sirven para recargar los mantos acuíferos, así como zona comercial. El paraje del Venado I; que afecta tierras donde se pretende un proyecto de captación de agua para la misma comunidad.
Por último, el paraje El Portezuelo; en cual dañaría sembradíos y enlaces de comunicación con otras comunidades.
Cabe señalar que el pasado viernes 19 de enero un juez federal, en materia de juicios y amparos federales en la entidad mexiquense determinó la suspensión de la obra por los daños que ocasionados a través del amparo 109/2018.
Pese a la suspensión – los habitantes aseguran – persiste la presencia de elementos de seguridad que amedrenta a los pobladores para continuar con los trabajos de construcción.
