Debido a que actualmente las personas con discapacidad enfrentan serios obstáculos para ejercer su derecho al trabajo, principalmente los relacionados con actos discriminatorios y la falta de infraestructura adecuada, el diputado José Antonio García García (PAN) propuso que los poderes del Estado y los ayuntamientos contraten progresivamente a personas con discapacidad hasta lograr que ocupen cuando menos 3% de su plantilla laboral.
La propuesta implica reformar la Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de México y pretende que se promuevan y ejecuten acciones específicas de incorporación de personas con discapacidad como servidores públicos estatales y municipales.
La iniciativa remitida a las comisiones de Trabajo, Previsión y Seguridad Social y para la Atención de Grupos Vulnerables, sostiene que de acuerdo con el estudio La inclusión laboral en México: avances y retos, las posibilidades de tener un trabajo dignamente remunerado, conservarlo y estar en condiciones de progresar en él son lejanas para la mayoría de las personas, “y más para aquéllas con discapacidad”.
La iniciativa de reforma a los artículos 40 y 40 Bis de la mencionada ley precisa que para la contratación los aspirantes deberán cumplir con los requisitos de ingreso y contar con las aptitudes para el desempeño de las funciones correspondientes.
Detalla que conforme al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, el 63% de la población mexiquense presenta discapacidad visual; 59.5%, presenta problemas para caminar, subir o bajar usando sus piernas; 42.4% para aprender, recordar o concentrarse; 35.9% para escuchar; 32.6% para mover o usar sus brazos o manos, y 23.2% tiene problemas emocionales o mentales, con lo que puede apreciarse la dimensión de la propuesta.
Plantean diputados del PRD nuevas reglas respecto de los derechos alimentarios
Por considerar que el modelo de familia tradicional ha evolucionado hacia nuevas formas que no se ajustan a lo que la legislación estatal establece, observándose ahora nuevas formas del concubinato, el matrimonio e incluso el divorcio, el PRD, a través de la diputada Claudia González Cerón, presentó al Pleno una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado de México en materia de derechos alimentarios de las y los concubinos, cónyuges e hijos.
De acuerdo con el documento leído en tribuna, el INEGI registra en la entidad 4 millones 168 mil 206 hogares, de los cuales el 28% tienen jefatura femenina, es decir, son dirigidos por una mujer (un millón 158 mil 268 hogares), en tanto que 72% tienen jefatura masculina 3 millones 9mil 938 hogares).
Con estas cifras, afirmó la legisladora “nos podemos dar una idea de los cambios en la dirección de los hogares. Independientemente de las condiciones que hayan propiciado ese escenario, se deduce que en la actualidad no necesariamente es la mujer la que se dedica a los quehaceres del hogar o al cuidado de los hijos”.
En este marco, son necesarios cambios en el Código Civil “con la finalidad de darle representatividad tanto a mujeres como a hombres dentro de un concubinato, unión conyugal o divorcio, debido a que este asume en su redacción que la cónyuge o la concubina es la que se encarga de estas actividades”.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia para su dictamen.
