Fernando Valente Baz Ferreira, auditor superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), señaló que el gobierno estatal no podría contratar más deuda pública para el ejercicio fiscal 2019.
Esto se debe a que, derivado de la revisión de la cuenta pública correspondiente al 2017, el OSFEM registra un indicador de la Ley de Disciplina Financiera, en el que la administración estatal se encuentra en un rango negativo.
Explicó que el parámetro de endeudamiento a corto plazo -es decir, lo que se debe pagar durante el siguiente año- en relación a los ingresos totales debiera ser del 15 por ciento y en este caso el gobierno mexiquense cuenta con el 17 por ciento.
“Con ese parámetro la legislatura deberá decidir si con ese parámetro le va a autorizar en el presupuesto siguiente más endeudamiento o no”, explicó el auditor.
Aseguró que ninguna deuda pública se puede contratar si no es bajo la autorización de la legislatura, lo que los hace corresponsables de el monto que se tiene que para el 2017 era de 38 mil millones y que para este 2018 subió a casi 43 mil millones.
Esto lo comentó durante la reunión de trabajo que sostuvo con los diputados integrantes de la comisión legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización de la LX Legislatura donde fue cuestionado por los diputados integrantes, principalmente por los del PRD y Morena.
En cuanto a los excedentes que se registran cada año y que para el 2017 fueron de 30 mil millones de pesos, para quedar en un monto final de 290 mil millones de pesos de ingresos para el gobierno estatal, el auditor comentó que nada se puede ganar si no es con el aval de la legislatura.
En cuanto al tema del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) explicó que fue apenas esta semana se recibió toda la información que le fue solicitada al organismo en el tema del comportamiento de pensiones.
Agregó que al ISSEMyM se le deben 4 mil millones de pesos que tiene por cobrar a diciembre del 2017 de todos los entes que cotizan en el Instituto y el que más debe es la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) por un monto de mil 600 millones de pesos.
Esta es la primera reunión de trabajo, de varias, que los legisladores van a tener con el auditor superior antes de que puedan dictaminar el informe de la Cuenta Pública 2017, cuya fecha límite es el 15 de noviembre.
