Un grupo de activistas del municipio de Toluca entregó al ayuntamiento local dos mil 247 firmas demandando el cierre de la planta «El Pedregal», argumentando la grave contaminación olfativa que emana de sus instalaciones y sus consecuentes afectaciones a la salud y bienestar de la población.
Según Dante Álvarez, activista del estado de México y vocero del movimiento, la pestilencia generada por la empresa afecta a más de 400 mil personas en un radio de más de 5 kilómetros, impactando a más de la mitad de la población municipal.
Los activistas fundamentan su demanda en el principio ético y jurídico de priorizar el bien común sobre el interés particular, así como en el derecho constitucional a un ambiente sano para el desarrollo y bienestar. Citaron el artículo constitucional que establece que «toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad ambiental para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la Ley».
Además de la exigencia al ayuntamiento de Toluca, los activistas hicieron un llamado a la Legislatura del estado de México para que se norme la contaminación olfativa. Argumentan que esta problemática afecta a numerosas comunidades en otras partes de la entidad y requiere de un marco legal para proteger la salud de los ciudadanos.
Dante Álvarez sentenció la postura del movimiento, enfatizando la urgencia de que las autoridades atiendan la demanda ciudadana y tomen medidas concretas para solucionar la problemática de la contaminación olfativa en Toluca y en todo el estado de México.
