Los recursos federales presupuestados para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para 2017 equivalen a 54.665.01 millones de pesos; en tanto que en el año 2016 se ejercieron 66.702.10 millones de pesos, es decir, hay una reducción de 20.2 por ciento, lo que implica impactos negativos para el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).
Así lo indicaron los profesores e investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México, Liliana Rendón Rojas y Fredyd Torres Oregón, quienes señalaron que en el ámbito federal sobresalen los programas alimentarios Prospera, Cruzada Nacional contra el Hambre, Abasto Rural/Diconsa, Abasto de Leche/Liconsa, Madres Trabajadoras, Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, promovidos por la Secretaría de Desarrollo Social, y PESA, a cargo de la Secretaría de Agricultura; todos ellos, con el propósito de mejorar el estado nutricional de las personas.
Consideraron que el recorte presupuestal para el PESA y otros programas prioritarios para el campo, los problemas de abasto alimentario, producción agrícola y cobertura de servicios aumentarán e incluso, implican la cancelación de proyectos productivos alimentarios grupales comunitarios, los cuales se rigen por procesos y plazos que impactarán en la autosuficiencia alimentaria y en el desarrollo de la economía.
Habrá, aseguraron, más familias en pobreza alimentaria en el campo, al menos 28 por ciento superior, pues se estima que se agregaran más de 800 mil campesinos como consecuencia de la disminución de estos recursos destinados al PESA y a los programas del campo.
Los especialistas de la Facultad de Economía y del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable de la UAEM destacaron que el panorama para las localidades rurales de alta marginación es desolador, ante el recorte presupuestal; por tanto, es necesario que los recursos destinados a estos programas asistenciales se apliquen de forma efectiva y oportuna.
