El sector empresarial del Estado de México manifestó su preocupación por la propuesta de Reforma Administrativa presentada por el Gobierno Federal y en el cual se modifican diferentes ordenamientos para el acceso a licitaciones, permisos y participación en concursos de obra e infraestructura.
Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México indicó que la propuesta resulta incluso inconstitucional al privilegiar el interés público a los derechos individuales de los ciudadanos y generando un ambiente que favorece la corrupción y uso de criterios en diferentes áreas.
Los puntos que deben ser analizados por el riesgo que implican son:
- 1.- Que representa pasos en retroceso en temas de legalidad y claridad en materia reglamentaria para obtener concesiones, permisos y licencias.
- 2.- Otorga al Estado la facultad de cancelar contratos o rescindir permisos y cuando lo considere conveniente o prioritario al interés público.
- 3.- Establece condiciones diferenciadas entre el sector privado y el público para el desarrollo de contratos u obras de infraestructura estableciendo condiciones preferenciales para que las empresas gubernamentales.
- 4.- Da facilidades a las autoridades administrativas para dar permisos o contratos sin necesidad de licitaciones, con lo que se dan pasos y se regresa a licitaciones directas o contratos restringidos.
Precisó que de concretarse la llamada «Reforma Administrativa», podría ser un retroceso en temas de legalidad y claridad en materia reglamentaria para obtener concesiones, permisos y licencias.
“Empezamos a quitar legislación reglamentaria que determina los pasos a cumplir para recibir concesiones, permisos y las cambiamos por determinaciones discrecionales por la autoridad y eso lleva a tener criterios que podrían detonar actos de corrupción”.
Señaló que más allá de una Reforma lo que se requiere a nivel nacional es un esquema de Mejora Regulatoria que haga más fácil la realización de trámites, la llegada de inversiones y que envíe mensajes de certeza jurídica a los demás países, más aún cuando hay un proceso acelerado de migración de empresas globales a nuestro país.
