La 60 Legislatura del Estado de México recibió dos iniciativas del gobernador Alfredo del Mazo Maza que buscan que el gobierno estatal contrate financiamientos por mil 900 millones de pesos para que los municipios puedan gestionar créditos por hasta 25% de los ingresos que reciban por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2019, el cual será considerado como fuente de pago, y para que se considere instrumentar un fideicomiso de administración y pago para los ayuntamientos.
Las iniciativas, leídas por las diputadas Imelda López Montiel (PT) y Maribel Martínez Altamirano (PRI), detallan que, de los financiamientos que se plantea contratar, mil 266 millones 660 mil pesos se destinarían para fortalecer el sector comunicaciones y elevar la competitividad de la entidad con mejoras a la movilidad y a la economía, y 633 millones 340 mil pesos serían para fortalecer la infraestructura hidráulica y la obra pública.
De acuerdo con la iniciativa, el Poder Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, en tanto existan obligaciones pendientes de pago asociadas al financiamiento mencionado, el monto para el servicio de la deuda bajo los términos contratados hasta su total liquidación, además de que el monto autorizado podrá ser ejercido por el estado durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020, según lo requiera.
Se solicita además que se autorice al gobernador a que, mediante la Secretaría de Finanzas, suscriba o modifique los documentos, títulos de crédito, contratos, convenios, mecanismos, mandatos, instrucciones irrevocables a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar los financiamientos, los cuales deben contratarse con instituciones del Sistema Financiero Mexicano y tendrán un plazo de pago hasta de 25 años.
Créditos de municipios, para atender a población en pobreza extrema
Respecto a la iniciativa para que los ayuntamientos gestionen créditos, estos deberán contar con autorización del Cabildo y el recurso deberá destinarse a obras, acciones sociales básicas o inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, particularmente en rubros como agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda y mantenimiento de infraestructura.
La propuesta indica que cada municipio podrá contratar los créditos a más tardar el 20 de septiembre de 2020, y en cualquier caso deberán haberse pagado en su totalidad el 31 de diciembre de 2021, además de que los ayuntamientos podrán negociar con la institución acreditante los términos y condiciones, a excepción de la tasa fija.
Se establece que la contratación sea mediante funcionarios legalmente facultados, que gestionen uno o varios créditos o empréstitos con cualquier institución del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado.
Esta iniciativa también plantea que, con la finalidad de fortalecer y actualizar los mecanismos de pago de los municipios, se autorice al estado a instrumentar un fideicomiso irrevocable de administración y pago, a cuyo patrimonio los municipios que así lo decidan, y previo cumplimiento de los requisitos correspondientes, afectarán, en una proporción de 25%, el derecho y los ingresos que les correspondan por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, con el fin de cubrir los compromisos de pago derivados de las obligaciones que contraten.
Cada municipio deberá prever anualmente en su Presupuesto de Egresos el importe que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda en cada ejercicio fiscal.
Ambas iniciativas fueron remitidas a las comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas para su dictamen.
