Por Mayoría de votos, las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, la de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización y la de Finanzas y Gasto Público de la Legislatura, aprobaron la desaparición del Consejo de Valoración Salarial del estado de México.
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Con esta iniciativa presentada por la Junta de Coordinación Política, ahora la comisión de Finanzas y Gasto Público tendrá la facultad de hacer propuestas salariales para los poderes de la entidad, esto con apoyo y asesoría del OSFEM.
El objetivo, de acuerdo con la Jucopo, es generar un ahorro de recursos pues aunque los cargos de los integrantes del Consejo eran honoríficos, se destinaba dinero para que este pudiera operar.
El diputado de Morena, Gabriel Gutiérrez Cureño, quien se abstuvo en su voto, señaló que de nada servirá que se transfieran estas facultades si solo serán sugerencias que muchas veces no son acatadas por los funcionarios públicos.
“Tendríamos que revisar el tema que ya se ha propuesto en el Congreso del Estado que tiene que ver con políticas de austeridad en los gobiernos tanto estatal como municipal”, manifestó.
La Junta de Coordinación Política hace alusión a que el artículo 127 de la Constitución Política de Mexico establece que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la del presidente de la República y en este caso los congresos locales deberán atender esta puntualización.
Mencionar que durante el desarrollo de esta sesión, se registró el sismo que se sintió en gran parte del país, por lo que tuvo que suspenderse de forma temporal y que se reanudó una vez que culminó el fenómeno natural.
Posterior a esta sesión, se llevó a cabo la sesión de la comisión de Legislación y Administración Municipal en la que se avaló que los servidores públicos municipales tengan como obligación su certificación ante organismos especializados para garantizar un desempeño profesional en cargos públicos municipales.
Y es que de acuerdo al informe de Resultados de las Cuentas Públicas de los municipios correspondiente al 2017, tan solo el 28.8 por ciento de los Secretarios de Ayuntamiento, el 2.4 por ciento de los tesoreros Municipales, el 1.6 por ciento de los directores de Obra y ningún director de Desarrollo Económico, cumplían con todos los requisitos legales para ocupar el cargo.