Diputados de la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura aprobaron modificaciones a la Ley Vicaria, estableciendo penas de 4 a 8 años de cárcel para quien dañe de manera indirecta, utilizando a los hijos como herramienta para causar sufrimiento emocional, psicológico, patrimonial o de cualquier otra índole, esto, sin importar si la violencia vicaria la efectúa un hombre o mujer.
Al respecto, la presidenta del a Comisión, Emma Laura Álvarez, señaló que las mujeres deben denunciar este delito, para que no se quede únicamente en la Ley:
“No debemos plasmarlo solo en papel, sino animar a mujeres a que puedan ir a denunciar, que sepan que no están solas. Antes se veía como el padre queriendo atacar a las madres, ahora como la violencia física o psicológica, este tipo de violencia está en el código penal; Ningún padre tiene derecho de amenazar a la madre de sustraer al hijo si se separa.
Agregó que muchas mujeres no se animan a denunciar, pues se sienten intimidadas, pero, ahora que este en el Código, pueden tener confianza y no quedarse calladas.
En el dictamen aprobado, también se establecen de “200 a 600 días multas y tratamiento psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico o reeducativo, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que se consumen.” Aunado a que “la persona servidora pública que retarde u obstaculice maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, cuando se trate de la investigación del delito establecido en este capítulo, se le impondrán de tres a ocho años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituida e inhabilitada de seis a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.”
Por otra parte, iniciaron el análisis de la iniciativa propuesta por Movimiento Ciudadano, para garantizar sillas a trabajadores públicos, mejorando condiciones laborales y salud; al respecto, en la iniciativa de Maricela Beltrán Sánchez, quien propuso la iniciativa, señaló que la ley, ya vigente a nivel federal, busca prevenir enfermedades y elevar la eficiencia en el servicio público. Cabe señalar, que en el estado de México, se obligaría a instituciones a proveer sillas a casi 160 mil servidores públicos,
“Seguramente si, pronto se va a aprobar, así lo escuchamos de los diferentes grupos parlamentarios y seguramente en los siguientes días se estará aprobando. El beneficio es mitigar las enfermedades que se generan al estar muchas horas, toda una jornada de trabajo de pie y eso afecta en la postura, en la columna, en las rodillas, articulaciones, problemas de varices y demás”
La iniciativa busca proteger la salud de trabajadores públicos con Normas internacionales y derechos humanos, y así combatir la alta incidencia de enfermedades por estar de pie prolongadamente.
Finalmente la diputada dijo que la iniciativa atiende las necesidades de los trabajadores para que tengan una mayor dignidad humana, condiciones laborales más dignas, y ayude para que cada empresa se organice para tener descansos periódicos en una silla o banco con respaldo.
