Por unanimidad, el Congreso del Estado de México aprobó la reforma constitucional que crea el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.
Uno de los puntos básicos, es la creación de un Comité Ciudadano que encabezará todo el Sistema Anticorrupción, además de que se establece la iniciativa ciudadana tres de tres que obliga a los funcionarios a presentar su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su declaración fiscal.
“Incluimos la constancia de declaración fiscal, cuestión que en la reforma constitucional federal no se logró establecer, yo creo que es un paso adelante”, dijo la presidenta de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción de la LIX Legislatura, Maria Fernanda Rivera.
También se crea el Tribunal de Justicia Administrativo en sustitución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y se establece que los magistrados sean elegidos por las dos terceras partes de la legislatura, se permite que la Fiscalía de Justicia de la entidad presente iniciativas en materia de combate a la corrupción y se fortalecen las atribuciones del Órgano Superior de Fiscalización y se establece el procedimiento del nombramiento del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la entidad.
Legisladores diversos grupos parlamentarios coincidieron en que lo que ahora hace falta es el establecimiento de las leyes secundarias, las cuales impactarán al menos a 20 ordenamientos de la entidad, sin embargo, para que ello se lleve a cabo, primero es necesario que la mayoría de los municipios aprueben esta reforma constitucional como parte del Constituyente estatal.
Esta reforma obedece a las adecuaciones que se debían atender derivado del Sistema Nacional Anticorrupción que se sumaron a las iniciativas presentadas por el ejecutivo del estado, de los diputados panistas Raymundo Guzmán y Nelyda Mociños, así como del Presidente de la Junta de Coordinación Política, Cruz Roa Sánchez.
