La violencia contra las mujeres es resultado de la manera en que la sociedad ve a la violencia y a las mujeres, por lo cual es un problema complejo con raíces culturales, que está relacionado con la educación, por lo cual reclama una atención concreta para cada ámbito en que se presenta, sostuvo Gloria Guadarrama Sánchez, profesora-investigadora de El Colegio Mexiquense.
La estudiosa consideró que la formación, capacitación y actualización de los servidores públicos es indispensable para llevar adelante políticas públicas que atiendan la violencia contra las mujeres, cuya expresión más grave es el feminicidio.
Aseguró que las manifestaciones de las organizaciones civiles y la presencia de las mujeres en los medios de comunicación han sido un llamado a la sociedad respecto de un fenómeno que mantiene al país bajo la mirada internacional y en una posición desventajosa entre las naciones que asumieron en 2015 la Agenda 2030 como un marco de desarrollo para atender la pobreza, la desigualdad, la injusticia y la sustentabilidad.
Recordó que el Objetivo 5 de la Agenda 2030, dedicado a la igualdad de género, propone como segunda meta eliminar todas formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, pero a cinco años de que México firmó el documento sigue obligado a atender de manera efectiva un problema que no puede soslayarse.
Gloria Guadarrama enfatizó que especialmente el Objetivo 5 es importante para el estado de México, porque los índices de violencia contra las mujeres son muy altos aun con los esfuerzos que se han hecho para atender el problema.
También consideró que el papel de los organismos municipales de la mujer es muy relevante para concretar en el ámbito territorial de la célula política y administrativa las estrategias, las cuales deben responde a las características específicas de cada grupo.
En el caso concreto de la violencia de género, agregó, se debe reconocer que no es igual la violencia que afecta a las universitarias que la dirigida en contra de las mujeres en los ámbitos rurales y campesinos, por señalar solo dos casos.
Destacó que ha habido avances en materia jurídica, así como en la sensibilización de los servidores públicos y en la misma sociedad, pero hace falta un esfuerzo mayor que reoriente programas de información, actualización y capacitación a servidores públicos, respecto de la Agenda 2030, así como definir políticas públicas que atiendan los aspectos centrales de la violencia de género.
