“Los ciudadanos requieren funcionarios públicos con mayor profesionalización y con mayores competencias”, sostuvo la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (PAN) durante el foro ‘Capacitación del servicio público para lograr una gestión de calidad y gobernanza’ en el que también participaron los diputados Anuar Roberto Azar Figueroa y Miguel Sámano Peralta, coordinadores parlamentarios del PAN y del PRI en la 60 Legislatura, respectivamente.
En el Instituto de Estudios Legislativos (Inesle), Ingrid Schemelensky señaló que el estado de México siempre ha sido precursor de iniciativas que fortalecen la institucionalidad, por lo que precisó, el foro abre la posibilidad de discutir una iniciativa que busca establecer la obligación de los servidores públicos de los ayuntamientos y de los legisladores de mejorar la calidad y eficiencia en el ejercicio de sus funciones, mediante principios de legalidad, honestidad, integridad y actitud de servicio.
Dicha iniciativa fue presentada por la diputada Schemelensky Castro el pasado 5 de marzo y fue suscrita por los diputados Anuar Azar, Miguel Sámano y Edgar Armando Olvera Higuera (PAN).
El legislador Anuar Azar aseguró que tener funcionarios capacitados que respondan a las exigencias de la ciudadanía es una manera de combatir la corrupción y permite fortalecer la democracia y la voluntad popular. Dijo que la sociedad exige servidores públicos que sean sensibles a sus necesidades, profesionales, eficientes y eficaces, por lo que hizo un llamado a los funcionarios a conducirse con humildad, honestidad y vocación de servicio.
Sámano Peralta aseguró que la capacitación incide positivamente en la consolidación de procesos democráticos, en el fortalecimiento de las instituciones y en el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. La relevancia del servicio público, señaló, exige que funcionarios y representantes populares realicen sus actividades con profesionalismo y dedicación, y que su preparación se reforzada en materia técnica, jurídica y administrativa.
Asimismo, el diputado José Antonio García García (PAN) coincidió en que la capacitación permite fortalecer el quehacer público de los funcionarios, y dijo que se debe trabajar en el perfeccionamiento jurídico que genere las condiciones adecuadas para el funcionamiento de esta política de capacitación, así como en la actualización permanente de los funcionarios y en el desarrollo de sus aptitudes y actitudes, habilidades y competencias relacionadas con las necesidades de la ciudadanía.
La diputada María Mercedes Colín Guadarrama señaló que la bancada del PRI, a la cual pertenece, está a favor del nuevo paradigma del servicio público, en el que el ciudadano recupera los derechos que le fueron arrebatados y se coloca en el centro del debate político, al mismo tiempo que se reivindican la dignidad y el valor del propio servicio público, respondiendo a los principios de responsabilidad y transparencia.
Por otro lado, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) aseguró que la capacitación debe ser activa y participativa, con objetivos claros y prioridades que puedan ser evaluados, mientras que el diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez (PAN) indicó que debe incluir la voluntad y el compromiso de todos los actores involucrados para enfrentar coordinadamente los retos que plantea la sociedad mexiquense.
En presencia de las diputadas del PAN, Brenda Escamilla Sámano y Karla Leticia Fiesco García, así como servidores públicos estatales y municipales, catedráticos y alumnos de la UAEM, en el primer panel del foro, Mauricio Valdés Rodríguez, presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México, enfatizó que el servicio público también requiere especialistas y destacó, entre las habilidades mínimas que deben de poseer los servidores públicos, las directivas, las digitales y las financieras.
Everardo Padilla Camacho, vocal ejecutivo del INESLE, reconoció la iniciativa de capacitación como “innovadora”, al no tener un precedente en el gobierno federal, y sugirió considerar, además, las sanciones para los servidores públicos que no se capaciten y la incorporación de los suplentes de los diputados en dichas capacitaciones.
Del Instituto Hacendario del estado de México, la vocal ejecutiva Reyna María del Carmen Ávila Vázquez, explicó que ese instituto ofrece a los funcionarios públicos dos diplomados, uno para síndicos municipales y otro para gerencia pública, así como un curso de capacitación para el desarrollo sustentable. Dichos cursos, señaló, brindan elementos para la implementación de políticas públicas que beneficien a la ciudadanía.
Luis Miguel Martínez Anzures, director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del Instituto Nacional de Administración Pública, advirtió que capacitar a los servidores públicos ha sido una preocupación histórica, y señaló que los buenos gobiernos se consiguen mediante la formación de sus funcionarios.
En el segundo panel, Samuel Espejel Díaz, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, habló sobre una nueva tendencia de profesionalización para el desempeño y la formación y certificación de competencias laborales, por lo que aseguró que debe haber una formación en competencias parlamentarias que garantice una mejor actuación de los legisladores.
Arturo David Argente Villareal, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, reconoció la importancia de que se capacite a los servidores públicos desde el ámbito municipal, desde el cual se debe de trabajar por el desarrollo y la democracia, al tiempo de promover la transparencia y la rendición de cuentas.
Francisco Serrano González, presidente de Casa Cívica, agregó, entre las competencias por incorporar en la formación de los servidores públicos, la humildad, el pensamiento crítico, las habilidades socio-digitales, la colaboración, la comunicación y la inteligencia emocional, mientras que Ramón Cuevas Martínez, experto en innovación gubernamental, propuso una gestión antisoborno y el establecimiento de cartas mediante las que los empleados se disculpen con los ciudadanos por mala atención o mal servicio.
