La Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través del procedimiento de responsabilidad administrativa asentado en el expediente 2017-A-15000-16-0882-15-005/EPRA/0071/2021, solicitó al ex alcalde de Ecatepec, Indalecio Ríos Velázquez, y el ex tesorero municipal Miguel Ángel González Bárcenas, aclaren el uso y destino de recursos públicos federales durante el año 2017.
En el documento, la ASF solicita a ambos ex funcionarios comprueben el pago de anticipos correspondientes a los contratos ECA/DI/SOP/FISE/IR/2017/037, ECA/DI/SOP/FISE/IR/2017/038 Y ECA/DI/SOP/FISE/IR/2017/039, de los cuales no existe evidencia, a pesar de que han transcurrido más de tres años de que concluyeron su gestión.
Para subsanar dicho requerimiento, los ex funcionario públicos deben de presentar facturas, generadores de trabajos ejecutados, líneas de captura, recibos de pago, comprobantes de transferencias o estados de cuenta bancaría; Además de un informe detallado de las gestiones realizadas para efectuar el reintegro a la Tesorería de la Federación de los más de millón y medio de pesos.
En caso de hace caso omiso al requerimiento, ambos exfuncionarios podrían ser sancionados por cometer en una falta administrativa grave de desacato.
El documento establece que al tratarse de un requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadora, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, deberá sancionarse conforme a la ley a quien proporcioné información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de información.
En respuesta, el extesorero municipal, González Bárcenas, mediante oficio solicitó al departamento de investigación de la Contraloría del municipio de Ecatepec, una prórroga para presentar las evidencias requeridas por la ASF.
Este proceso se suma a otro proceso iniciado por la Auditoría Superior de la Federación de presunta responsabilidad administrativa en contra de los mismos exfuncionarios para que aclaren el posible desvío de recursos por más de 29 millones de pesos que habrían cometido durante el año 2018.
Dicho proceso se deriva del Pliego de Observaciones 2018-D-15033-19-0854-06-002 resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2018.
