Hace una década surgieron en México las autodefensas. En Michoacán, en principio, como una respuesta de la población civil contra las bandas de delincuentes.
En Michoacan, los aguacateros y limoneros decidieron formar grupos armados para defenderse de los grupos delincuenciales como La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esos fueron los primeros grupos de autodefensas, que paulatinamente se fueron extendiendo a los estados de Guerrero y Jalisco, después en Chiapas, Oaxaca o Veracruz, quizás sin tanta publicidad o atención como tuvieron originalmente en la tierra caliente michoacana.
El común denominador es y fue el hartazgo de la inseguridad. El cansancio llevado al extremo. Y también la actuación al margen de la ley, a partir de la premisa de que si el Estado no hace su trabajo contra los delincuentes, especialmente el crimen organizado, y contra la corrupción, se tiene que hacer justicia por cuenta propia.
Desde luego, se trata de la creación de grupos al margen de la ley que buscan suplir las omisiones del Estado.
Los especialistas en la ciencia política señalan que estos grupos de civiles armados son una señal de debilitamiento del Estado o del gobierno.
Ahora, los choferes y concesionarios del transporte urbano de pasajeros en el área metropolitana del valle de México decidieron constituirse en “autodefensas” ante la extorsión y los asaltos de los que son víctimas un día sí y otro también.
En el hecho en sí mismo existe la connotación de un fracaso del Estado en la gestión y combate de la inseguridad y la criminalidad. Pero hay quien ve en estas organizaciones a aliados del Estado mexicano; por lo tanto, la tolerancia gubernamental a estas organizaciones, se concibe como una transformación de la organización y regulación de la violencia por parte de las autoridades públicas. Conviven y comparten acciones y actividades con las policías, pese a que se trata de organizaciones al margen de la ley, que en cierto sentido reemplazan a la autoridad.
Desde el auge de las autodefensas michoacanas, estos grupos han crecido y se han multiplicado. No solamente como una expresión de defensa contra la criminalidad, sino también —de forma implícita— como un reproche sobreentendido en contra de las autoridades legalmente constituidas en materia de seguridad pública, procuración y administración de justicia. De forma tácita, su existencia cuestiona la falta de resultados, la lejanía y la corrupción.
En el caso de los autotransportistas del valle de México, el riesgo es que en su ánimo de poner orden, terminen por provocar confusión y desgobierno. Que al defender sus intereses se extralimiten al grado de amagar a sus competidores. Y en un exceso de celo, terminen por cometer delitos iguales o peores de los que pretenden erradicar.
