¡Bendito sea el señor!, la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Toluca trajo consigo que se taparan casi todos los baches en el trayecto planeado para que llegara, procedente de Querétaro, al Parque Metropolitano Bicentenario.
Casi todos, porque la improvisación y la urgencia dejaron algunos agujeros abiertos, en los que espero que haya caído el vehículo presidencial. O que las reparaciones hayan sido tan notorias, que provocaran que casi al terminar su alocución, la presidenta se haya comprometido a tapar todos los baches que tenemos repartidos a lo largo y ancho de los 22 mil 351 kilómetros cuadrados que comprende el Estado Libre y Soberano de México.
Por fortuna para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, responsable de las vías federales, y para la Junta de Caminos del Estado de México, que tiene a su cargo las carreteras estatales, la presidenta no tuvo que transitar por la carretera libre entre Atlacomulco y Toluca que se encuentra destrozada. Y tampoco tuvo que “veredear” por Toluca, que pese a las acciones municipales tiene un problema parecido.
Porque carreteras federales y estatales libres, calles y avenidas, sufre del mismo problema: el abandono.
Uno de los factores que han prolongado este abandono por dos décadas es que funcionarios públicos en sucesivos gobiernos estatales —y luego federales— encontraron un negociazo en contratar el mantenimiento de las vialidades, e inventaron las asociaciones público privadas y los proyectos para la prestación de servicios, que entregaron a sus cuates —¿llevando su “mochada”?—.
Los contratos fueron estructurados de modo tal que hay cláusulas que blindan a los particulares y obligan al gobierno a seguir pagando facturas mensuales fijas, sin importar si cumplen o no con el mantenimiento de las vialidades.
Una de estas cláusulas indica que si una carretera o vialidad sufre cualquier modificación o alteración física ajena a la constructora contratada, la empresa quedaba libre de la obligación de intervenir en su mantenimiento y conservación. Así, un drenaje, un cableado, reparación de agua, colocación de infraestructura de cualquier tipo, obras secundarias, han sido suficiente pretexto para argumentar que la carretera o vialidad ha sido “alterada”, y los privados dejan de darle mantenimiento. Pero siguen cobrando lo que el contrato establece.
Los gobernantes actuales no le han entrado a cancelar esos contratos, salvo el caso del Periférico Norte.
A lo que sí le han entrado es a crear nuevos programas. Como el Bachetón, que anunció el gobierno federal en noviembre de 2024, con una inversión de 4 mil millones de pesos, que tendría que haber finalizado en febrero de 2025 en los 44 mil kilómetros de carreteras federales del país… y que todos sabemos que no ha sido así.
Los nueve grandes ejes carreteros federales principales que atraviesan el estado de México (tanto libres como de cuota) y las decenas de tramos, ramales y libramientos de jurisdicción federal, padecen el mismo problema que las vialidades estatales: baches por aquí y por allá. Ni mal de muchos ni consuelo ni pretexto. Un servicio público básico deficiente e ineficaz
