Brindar mayor certeza jurídica y garantizar el derecho de las personas a una buena defensa legal, es el objetivo de la iniciativa de la diputada Susana Estrada Rojas (Morena) para que el Instituto de la Defensoría Pública estatal otorgue gratuitamente patrocinio, en materia civil y administrativa, a las y los solicitantes cuyos ingresos mensuales sean menores a 150 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente (16 mil 971 pesos aproximadamente).
Además, la legisladora propuso que el Instituto proporcione, sin obstáculos y sin barreras administrativas, asesoría, orientación, asistencia y, en su caso, el patrocinio de acciones legales para el cumplimiento de las obligaciones en materia de alimentos a quien debe proporcionarlos, y que todos los juicios que patrocine en esta materia sean gratuitos, sin que medie estudio socioeconómico alguno.
De acuerdo con la iniciativa de reforma a la Ley de Defensoría Pública estatal, esto es necesario debido a que, de enero a mayo de 2023, se dictaron en promedio cerca de 90 resoluciones mensuales en los juzgados que atienden la materia familiar, así como que a través de éstas se garantiza el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, que le asegure salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica.
Asimismo, datos del instituto exponen que de 2017 a 2019 llevó a cabo más de 48 mil patrocinios en materia familiar, comercial y civil; más de 249 actuaciones de defensa en materia penal y 318 mil asesorías concedidas en diversas materias.
La propuesta también faculta al instituto a celebrar convenios de colaboración con entidades públicas o privadas y sin perjuicio del presupuesto destinado para cada ejercicio fiscal, con arreglo a la norma aplicable para que de forma gratuita se brinde mayor cobertura en la asistencia, asesoría y en su caso el patrocinio de juicios en materia de pensión alimenticia en el estado de México.
Igualmente, a coadyuvar en materia de coordinación entre los gobiernos estatal y municipales para garantizar el derecho a las personas beneficiarias a la asesoría, orientación y patrocinio legal. También, en su caso, para iniciar procesos judiciales en materia de pensión alimenticia.
Así como elaborar planes y programas de asistencia, orientación y asesoría legal, y patrocinio de juicios y acciones legales en materia de pensión alimenticia, con el objeto de brindar el servicio de forma permanente y universal a quien lo solicite y se encuentre en el supuesto legal correspondiente, para iniciar acciones legales hacia quien debe cumplir con la obligación alimenticia.
