El grupo parlamentario de Morena busca que quien pretenda ser candidato para algún cargo de elección popular no tenga el carácter de deudor alimentario, de lo contrario, estará impedido para participar en un proceso electoral.
Y es que este jueves, en su sesión deliberante de la LX Legislatura, el diputado Gabriel Gutiérrez Cureño, presentó una propuesta de reformas a diversos ordenamientos locales en los que se estipula que quien no haya cumplido con estas obligaciones con sus hijos y/o sea agresor por el delito de incumplimiento de obligaciones, no pueda aspirar o no pueda ocupar cargos públicos en la entidad.
Es decir, esto también aplicaría para todo aquel que actualmente desempeñe una función en el servicio público.
Cabe mencionar que esta reforma retoma el trabajo de la organización política “Las Constituyentes Feministas”, la cual ha encabezado la iniciativa 3 de 3 de violencia de género”, en donde se propone como requisito para ocupar cargos de elección popular o desempeñarse en el servicio público tres puntos: no ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual y no ser agresor por razón de género.
Por este motivo también aplica para quienes tengan antecedentes como agresores de violencia familiar, delitos contra la libertad sexual y delitos de violencia de género en cualquiera de sus modalidades.
Durante esta sesión, también se presentó una iniciativa para prohibir la venta de objetos robados en los mercados, tianguis, vías y plazas públicas, principalmente de celulares, que se ha vuelto una práctica muy común.
La propuesta de reforma al artículo 290 del Código Penal que presentó la diputada Liliana Gollas Trejo, de Morena, busca que este tema se determine como agravante del robo y se pueda sancionar hasta con siete años de prisión a quien lo lleve a cabo.
En la Ley de Seguridad del Estado de México se añade como atribución para los municipios prohibir en puestos fijos, semifijos o comercios ambulantes la venta de objetos, bienes, productos, instrumentos o sus partes provenientes de hechos ilícitos; en este caso se sancionará de uno a tres años a los servidores públicos que no lo hagan del conocimiento del Ministerio Público.
Los diputados aprobaron, por mayoría de votos, un exhorto presentado por el PAN para los Gobiernos Estatal y Federal para que establezcan políticas a favor de las niñas, niños y adolescentes que han quedado en situación de orfandad por el fallecimiento de sus padres a causa de la pandemia por el Coronavirus Covid-19; además de que se les brinde asesoría jurídica para el tema de la sucesión de bienes. También se pide a los municipios que habiliten albergues temporales que cuenten con las medidas sanitarias necesarias para personas en situación de calle.
A la Fiscalía de Justicia mexiquense se le exhorta para que amplíe las medidas cautelares y de protección a mujeres que sufren violencia.
También se avaló el exhorto propuesto por el PRI para que los municipios mexiquenses que aún no cuentan con su Instituto de Municipal de Juventud, propuesto por la diputada Brenda Aguilar Zamora; mientras que la diputada priista Mercedes Colín, presentó una iniciativa para que los cabildos puedan difundir sus sesiones de cabildo a través de medios electrónicos.
