Advierten: cancelar reforma al Issemym afectará servicios de salud

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Alberto Peredo Jiménez, Director General del ISSEMyM, informó que las dificultades del Instituto no surgieron de la noche a la mañana, ni son resultado de la acción irresponsable; las causas fueron plenamente identificadas en su momento y las soluciones de fondo se dejaron para el futuro.

(Foto: Especial.)

Mientras los gastos en materia de pensiones han crecido en los últimos 20 años de forma acelerada y exponencial, la población de servidores activos ha disminuido; explicó que para el año 2000, por cada pensionado, había 16 servidores públicos en activo que mantenían el sistema.

Para el 2017 esta proporción bajó drásticamente a seis trabajadores por cada pensionado y en los años por venir la cantidad de servidores públicos que pueden solicitar pensión dará un salto de 63 mil a 150 mil, es decir, un crecimiento de 138 por ciento, lo que significa que tan sólo dos trabajadores activos sostendrán con sus contribuciones a cada pensionado.

En contraste, la atención a la salud ha incrementado exponencialmente sus costos: tan sólo en 2011 el gasto promedio en salud por trabajador era de 4 mil pesos al año, para 2018, éste se ha duplicado a 8 mil pesos per cápita, debido en gran medida al incremento en el costo asociado a las enfermedades de alto impacto como la diabetes, el cáncer y los males cardiacos, entre otros, cuyos costos por caso pueden superar el millón de pesos.

El titular de la Institución precisó que el ISSEMyM también enfrenta presiones económicas derivado de la continua alza en los precios de medicamentos e insumos y puso como ejemplo que en los últimos años el costo de los medicamentos subió hasta en un 44 por ciento.

En este sentido, en 2012 el ISSEMyM gastaba poco más de 2 mil millones de pesos en medicinas y para 2018 el presupuesto para este rubro es del orden de los 3 mil millones de pesos.

Ante este panorama, las consecuencias de no fondear suficientemente al Instituto impactarán en una reducción significativa en los bienes y servicios dedicados a la atención de la salud de sus derechohabientes, pues ante la falta de los recursos necesarios se presentaría un incumplimiento de los contratos con proveedores y prestadores de servicios, lo cual redundaría en la reducción significativa e inmediata del cuadro básico de medicamentos, en la restricción de la cobertura de los servicios y recortes acentuados en la plantilla del personal de salud, entre otras.

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