Dos altos cargos políticos del Gobierno local y regional de Madrid han pedido a la Fiscalía de la capital que investigue los supuestos espionajes a los que fueron sometidos en abril de 2008, un caso que ha levantado la polémica en España.
Los implicados son el número dos del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, y el vicepresidente regional, Ignacio González.
Según informaciones publicadas por el diario español «El País», ambos políticos fueron espiados por ex agentes de la Policía y de la Guardia Civil pagados por Francisco Granados, consejero de Interior de la Comunidad de Madrid.
Granados negó que el Gobierno regional haya hecho «cualquier encargo de cualquier espionaje o de cualquier seguimiento o informe sobre nadie y sobre ningún asunto de los aparecidos en los medios de comunicación».