La iniciativa para reformar la constitución local establece que las instituciones de salud implementarán políticas públicas informativas sobre los efectos y daños a la salud que causan estas drogas, así como campañas y acciones permanentes de atención y apoyo a la población que presente problemas de salud derivado del consumo de estas sustancias, hasta su plena recuperación y reinserción a una vida normal en la sociedad.
Para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, se sancionará toda actividad relacionada con la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas, en apego a lo ordenado por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ámbito de la competencia local.
Además, se indica que los ministerios públicos informarán con inmediatez al Ministerio Público de la Federación y facilitarán toda la información y pruebas, cuando tengan conocimiento de la comisión de cualquiera de los delitos del orden federal cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados, para los que el artículo 19 de la carta magna ordena prisión preventiva oficiosa.
Asimismo, los ministerios públicos coadyuvarán con las autoridades federales competentes, cuando éstas se lo soliciten, en las investigaciones y persecución de estos delitos cometidos dentro del territorio del Estado de México.
Finalmente, las instituciones de seguridad pública, el Ministerio Público y las instituciones policiales deben trabajar de manera coordinada para prevenir, investigar, perseguir y combatir los delitos señalados.
