En el estado de México casi el 70 por ciento de la población no encuentra ninguna justificación para que dos personas del mismo sexo puedan vivir en pareja de acuerdo con datos de la Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) y INEGI que se visibilizaron en el Coloquio “Del amor que no se nombra a la identidad, luchas, resistencias y VIH” organizada por la asociación Fuera del Closet y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
En marco de su noveno aniversario, Mario Ernesto Montes de Oca, jefe del Departamento Contra la Discriminación del Organismo estatal autónomo, señaló que a la fecha persiste la discriminación en contra de la comunidad LGBTI pues datos del Conapred e INEGI, el 72 por ciento de los mexicanos consideran que no se respetan los derechos de esta comunidad.
«Aún quedan muchos obstáculos persisten muchas luchas que hay que, todavía continuar. La discriminación institucionalizada, la violencia impune, la normalización de conductas Homo-lesbi-bi-transfóbicas. Basta con revisar el informe de letra F que en el sexenio anterior fueron asesinadas cuatrocientas setenta y tres personas, por lo menos, solo por su orientación sexual, su identidad de género».
En este sentido, Ernesto Montes de Oca detalló que de 2013 a 2018 se registra la muerte de 73 personas por año, de las cuales el 55 por ciento son considerados como transfeminicidios; de esta cifra, el 40 por ciento de los crímenes se cometieron contra hombres gay, nueve lesbianas; cinco bisexuales y un feminicidio de una mujer bisexual.
Además de que la entidad mexiquense se coloca, aún, en la cuarta posición de la lista de los estados con mayor número de muertes en el país y violaciones hacia os derechos humanos de la comunidad LGBTI, seguido de Veracruz, Guerrero y Quintana Roo.
Para este coloquio contaron con la participación de diversas activistas, defensoras de los derechos de la comunidad con la finalidad de que los resultados de las discusiones y ejercicios de reflexión contribuyan y fortalezcan a las políticas públicas que se mantienen en la legislatura local y garanticen el pleno derecho de las personas con una orientación sexual diferente.
