El gobierno municipal de Toluca cesó a tres verificadores de la Dirección General de Gobierno que en el transcurso del lunes agredieron a los fotógrafos Crisanta Espinoza y Jorge Alvarado, durante un decomiso a comerciantes ambulantes en la explanada del Teatro Morelos.
Los ahora exservidores públicos realizaban un desalojo de un comerciantes de papas fritas, aparentemente de forma violenta, cuando la fotografa Crisanta Espinoza, Presea Estado de México de Periodismo e Información, empezó a tomar gráficas del suceso, por lo que los verificadores intentarob obstruir su trabajo e incluso quitarle el equipo. El también fotógrafo Jorge Alvarado —también Presea Estado de México en Periodismo e Información— defendió a la fotoperiodista y fue agredido violentamente por los inspectores municipales.
Ante estos hechos y las expresiones de repudio por parte de la comunidad periodística de Toluca, el ayuntamiento de Toluca expresó su postura de “cero tolerancia ante conductas impropias de servidores públicos, por lo que de forma inmediata han sido dados de baja en sus funciones tres verificadores de la Dirección General de Gobierno”.
En un breve comunicado, indicó también la administración que encabeza el presidente municipal Juan Rodolfo Sánchez Gómez “lamenta estos hechos y cumple su compromiso de proteger a la población y tener mano firme contra corrupción, arbitrariedades o conductas que pongan en peligro a cualquier ciudadano”.
Periodistas de distintos medios de comunicación demandaron protocolos efectivos de la actuación de estos y otrs servidores públicos, así como capacitación para los funcionarios municipales.
Inicia investigación la Codhem
Derivado de estos hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) inició una queja de oficio bajo el expediente número CODHEM/TOL/APC/12/2019, con el fin de salvaguardar los derechos humanos de los fotorreporteros y las libertades de expresión y prensa en la capital mexiquense.
La Codhem manifiesta su “rechazo absoluto al uso excesivo de la fuerza pública, las intimidaciones, las amenazas y agresiones que sufren las y los periodistas en el ejercicio de su profesión”.
En este sentido, la institución exhortó en un comunicado “a las autoridades estatales y municipales a conducirse con pleno apego a derecho y evitar la impunidad y la ilegalidad en cualquiera de sus formas y circunstancias, y otorguen todas las garantías para que las y los periodistas puedan ejercer su labor sin temor a ser agredidos, perseguidos, coartados, coaccionados, privados de sus materiales y equipos de trabajo, amenazados y, mucho menos, ser sujetos de privación de la libertad”.
En otro sentido, la Codhem inició una segunda queja de oficio por las amenazas contra una comunicadora de Tezoyuca. Se trata de “presuntas amenazas de muerte hacia una reportera de la estación de la radio La Únika 89.3.FM de la región de Texcoco”. La Codhem inició una queja de oficio con el número de expediente CODHEM/TOL/APC/12/2019.
