El pasado 11 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió “medidas cautelares” en favor de la comunidad otomí-mexica de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, afecta por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.
De acuerdo con el documento de la CIDH, el expediente acerca de las obras de la autopista concesionada por el gobierno del estado de México procede del año 2013, y su resolución indica que la construcción de la vía de comunicación origina “daños irreparables” para la comunidad de Xochicuatla, además de establecer el objetivo de proteger a la comunidad indígena.
En la resolución, de siete cuartillas, la CIDH establece que los habitantes de Xochicuautla han sido víctimas de hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades del gobierno del estado, así como por parte de la constructora que desarrolla la obra, que es parte de Grupo Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa. Indica que se han “reportado actos de violencia y amenazas”, además de “incendios y el corte de tuberías de agua potable que abastecen a los habitantes de la comunidad, los cuales fueron supuestamente provocados como mecanismo de hostigamiento”.
La CIDH también cuestiona las consultas hechas por el gobierno del estado para el desarrollo de la obra y concede la razón a los quejosos, en el sentido de que la comunidad indígena no tuvo conocimiento ni participó en las consultas.
“Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho presentado por las partes, la Comisión considera que la información entregada demuestra, en principio, que los miembros identificados de dicha comunidad, se encuentran en una situación de riesgo inminente de daño irreparable”, señala un comunicado de la CIDH.
En su resolución, firmada por Emilio Álvarez Icaza, la CIDH pide al gobierno del estado de México, que preserve la vida e integridad personal de los quejosos de San Francisco Xochicuatla, y fija un plazo de 20 para cumplir con las “medidas cautelares” y que informe periodicamente sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos, incluyendo las amenazas y los actos de violencia y hostigamiento.
