El nuevo contexto global exige la adaptación de los marcos de protección de los derechos humanos tradicionales al entorno digital, por tanto, la seguridad de la información en el ciberespacio es una condición para el ejercicio de éstos, enfatizó el titular de la Unidad de Servicios Orientación y Recepción de Quejas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Mario Alberto Carrasco Alcántara.
Durante la instalación de la Secretaría de Derechos Digitales e Innovación Jurídica de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de abogados del Estado de México (FECOBAA), advirtió que la explotación de datos personales para obtener beneficios comerciales, amenaza la libertad y privacidad por la ausencia de una regulación adecuada y pone en riesgo la integridad de los derechos fundamentales, por ello, se debe construir un marco legal ético que proteja los derechos digitales y fomenten un acceso justo y equitativo para todas, todes y todos.
Destacó la importancia del análisis y la discusión de los desafíos que plantea la transformación digital con relación a los derechos humanos, pues internet se ha convertido en una herramienta poderosa para el ejercicio de la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación democrática, y al mismo tiempo, plantea la necesidad de proteger los datos en el ciberespacio.
Carrasco Alcántara recordó que los derechos digitales surgieron como una extensión directa de los derechos fundamentales consagrados en Tratados Internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que buscan garantizar que las personas puedan disfrutar en el entorno digital de las mismas protecciones que gozan en el mundo, incluyendo los derechos a la libertad de expresión, a la privacidad, el acceso a la información y protección de datos personales.
Agregó que los derechos digitales deben garantizar que la información personal no sea recopilada, procesada ni compartida sin consentimiento explícito de las personas y que existan mecanismos efectivos para proteger a los usuarios de posibles abusos, por tanto, ante problemas por ataques cibernéticos, suplantación de identidad y delitos en línea, se requiere que los Estados implementen políticas públicas eficaces para la protección de las personas en el entorno digital.
