La Comisión de Derechos Humanos del estado de México emitió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia en la entidad, luego de que un adolescente se quitó la vida en las instalaciones del Ministerio Público de Zumpango.
De acuerdo con las investigaciones, que derivaron en la resolución 16/2016 de la Defensoría de Habitantes, en enero de 2015, el menor fue puesto a disposición del representante social, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, tras su detención por efectivos de la Comisión Estatal de Seguridad, luego de que el joven fue asegurado junto con otros dos menores por los agentes policíacos, quienes los observaron en actitud sospechosa.
Al realizarles una revisión, se advirtió que el ahora occiso llevaba una bolsa de plástico con hierba seca en su interior, supuesta marihuana, lo que motivó y fundamentó su aseguramiento y posterior traslado, en un primer momento al Ministerio Público de Tlalnepantla donde hay una agencia especializada para menores, que se encontraba cerrada y por ello fue remitido a Zumpango, donde se inició una carpeta de investigación.
Según las indagatorias, el padre del detenido acudió a verlo y pudo tener contacto con él. No obstante, al transcurrir las horas, el agente del Ministerio Público del primer turno, desestimó la posible adicción del joven, su edad y no tomó en cuenta que la detención es una experiencia mentalmente angustiosa para cualquier persona, ya que el encierro conlleva un fuerte impacto en el equilibrio emocional.
Derivado de la inadecuada supervisión, el joven realizó diversas acciones para atentar contra su integridad física, por lo que a las tres horas del 29 de enero de 2015, el menor ejecutó una maniobra que le causó la muerte.
Ello, dijo la Codhem, fue consecuencia de una omisión en su cuidado, donde hubo evidentes irregularidades y no una vigilancia estricta por parte del servidor público responsable.
Presumiblemente, se le habrían solicitado tres mil pesos al ciudadano a cambio de “ayudarle” y la Codhem subrayó que si bien, el responsable de pedir el dinero era el prestador de servicio social, lo cierto es que el acto se realizó con la anuencia del agente del Ministerio Público.
Ante ello, la Defensoría insistió en la normatividad vigente a nivel internacional y local, la cual indica que los titulares de cargos públicos actúen con diligencia e imparcialidad, no abusando en modo alguno del poder y autoridad que les han sido conferidos, además de que no solicitarán ni recibirán de manera directa ni indirecta ningún regalo u otros favores que puedan influir en el desempeño de sus funciones, el cumplimiento de sus deberes o su buen criterio.
Así, las recomendaciones de la Comisión, incluyeron enviar una circular al personal de la institución para implementar medidas de prevención tendentes a crear, mantener y fortalecer normas de conducta para la debida diligencia de la función pública, optimizar o instalar un sistema de circuito cerrado para monitorear y tener plena vigilancia de las personas privadas de la libertad en sus oficinas de Zumpango.
También se deben proporcionar las medidas de reparación del daño y atención psicológica a los padres del menor, mientras que para el agente del Ministerio Público, no obstante su baja de la institución, se recomendó continuar las investigaciones para determinar responsabilidades por los hechos referidos y por su negativa a comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos.
