Codhem inicia 4 quejas por cobro de cuotas escolares y malos tratos

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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, inició cuatro expedientes de queja por el cobro de cuotas escolares, condicionamiento de entrega de documentos y malos tratos por parte de los servidores públicos, informó la encargada de la Unidad de Orientación y Quejas, Jessica Terán Aguilar.  

Explicó que la defensoría estatal de habitantes se mantiene atenta para que no se limite el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, expresado en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el tercero de la constitución mexicana federal, que refiere que debe ser laica, gratuita y obligatoria, con estricto apego a los derechos humanos, por ello, se iniciaron dos quejas en Huehuetoca, una en Toluca y otra en Ecatepec, por condicionar el servicio en escuelas primarias y secundarias.
 
Recordó que inició para el nivel básico inició el periodo de inscripciones, por tanto, en el mes de agosto se han efectuado 26 orientaciones y gestiones ante instancias educativas por hechos que no ameritaron el inicio de una queja; asimismo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) canalizó algunos asuntos relacionados con la materia mismos que fueron atendidos.
 
Detalló que el mayor porcentaje de orientación se refiere al cobro de cuotas escolares, que a decir de algunos usuarios, son excesivas, y en menor proporción la exigencia del pago de adeudos, como condición para entregarles el certificado escolar o documento correspondiente.
 
Terán García expuso que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México emitió la circular DGEB/AJ/158/2017 que impide que haya condicionamiento, por lo que llamó a la población afectada por esa situación, acudir a la Codhem en sus distintas sedes, solicitar información a través de la línea telefónica 01 800 999 4000 o iniciar quejas vía internet.
 
Comentó que este año aumentaron las peticiones de orientación desde antes del periodo de inscripciones, ya que los padres de familia tienen más conocimiento de sus derechos y saben que no están obligados a hacer aportaciones económicas para que sus hijos puedan ingresar a una escuela.

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