La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Myrna García Morón hizo, un llamado social e institucional para no reproducir y legitimar discursos de odio, y desde la Casa de la Dignidad y las Libertades reiteró el compromiso y la responsabilidad para realizar e impulsar políticas públicas que incorporen la perspectiva de diversidad sexual y de género, al ser una necesidad apremiante en un marco de equidad para la atención y prevención de la violencia LGBTIQfóbica.
Esto, en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTI que se celebra el 28 de junio, la CODHEM presentó la conferencia magistral «Inclusión de la población LGBTTTI+ en las políticas públicas de Estado, como una forma de combatir la discriminación», a cargo de la magistrada Julia María del Carmen García González y el magistrado, Alberto Roldán Olvera, ambos del Poder Judicial de la Federación.
Datos del INEGI de 2021, explicó García Morón, revelaron que la población de la diversidad representa el 5.1% del total de personas de 15 años y más que viven en México, y dentro de ella, el 81.8% se asume como parte por su orientación sexual, 7.6% por su identidad de género y 10.6% por ambas razones. Estos números, añadió, muestran la importancia de reconocer y respetar la diversidad en todos sus aspectos, por tanto, solicitó seguir reforzando la Agenda LGBTTTI+ que impulsa la CODHEM.
En cuanto a la orientación sexual e identidad de género de las personas que se autoidentifican como LGBTTTI+, por su orientación sexual 2.3 millones son bisexuales y 34.8% se identifica como transgénero o transexual; en cuanto a su distribución en el país más de 50% de las personas que se autoidentifican como LGBTTTI+ se concentran en nueve entidades, siendo el Estado de México el que tiene el mayor número con 489 mil 594 habitantes.
En la conferencia magistral, la Magistrada Julia María del Carmen García González y el Magistrado Alberto Roldán Olvera expusieron los alcances de la sentencia en la que se vincula al Estado de México a crear políticas públicas e incluir en el presupuesto a las personas de la población LGBTTTI+, que son medidas que contribuyen a disminuir la desigualdad estructural y la violación sistemática a sus derechos.
La Magistrada precisó que las sentencias deben poner en el centro la dignidad de las personas, eliminar barreras y obstáculos para acceder realmente al ejercicio de los derechos y libertades, y el lenguaje debe ser una herramienta útil y efectiva para transformar la realidad; por su parte el Magistrado precisó que hay discriminación directa e indirecta y el lenguaje es una forma para discriminar, y aunque se tenían políticas públicas “de género” no incluían a la población LGBTTTI+, por tanto, dicha sentencia establece que el Estado debe asignar presupuesto específico para el próximo año y generar políticas públicas como capacitar a personas servidoras públicas sobre el tema.
