La catástrofe de Fukushima en 2011 es el peor accidente nuclear desde lo sucedido en Chernóbil en 1986. Un gran terremoto seguido por un tsunami acabaron con la planta que desde entonces está en un proceso de desmantelación, trabajo que podría durar hasta cuatro décadas.
Japón almacenó y trató el agua contaminada procedente del proceso de enfriamiento del combustible fundido en los reactores de la central mediante un sistema avanzado de procesamiento de líquidos (ALPS, por sus siglas en inglés). Un circuito de filtrado que elimina la mayoría de los elementos radioactivos, a excepción del tritio, para después volver a almacenar el agua en bidones.
Ahora los depósitos han comenzado a ser vaciados como parte de los planes para desmontar la infraestructura nuclear. El Gobierno japonés y TEPCO (Tokyo Electric Power Co.) tomaron la decisión de verter cerca de un millón de toneladas métricas de agua tratada al Océano Pacífico ante la incapacidad de seguir acumulando el líquido por falta de espacio. La cantidad es equivalente a más de 5000 albercas olímpicas.
La determinación está generando opiniones encontradas entre científicos, ambientalistas y gobiernos de países cercanos. El vertido de las aguas de Fukushima obtuvo la aprobación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en meses pasados. El organismo dirigido por Rafael Grossi informó que evaluó durante dos años la seguridad en la manipulación y vertido del líquido tratado.
El proceso durará más de 30 años. La OIEA y las autoridades japonesas concluyeron que no representa riesgos y se comprometieron a informar de manera periódica sobre el avance. No obstante, la industria pesquera, ambientalistas y países vecinos como China y Corea se oponen a la estrategia.
