Las Comisiones Unidas de Legislación y Administración Municipal, de Finanzas Públicas y de Recursos Hidráulicos de la 60 Legislatura mexiquense aprobaron autorizar a los municipios de Acolman, Atlacomulco, Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, El Oro, Huixquilucan, Jilotepec, Lerma, Metepec, Naucalpan, Tecámac, Tepotzotlán, Tlalnepantla, Tultitlán, Toluca, Valle de Bravo y Zinacantepec a establecer tarifas de agua diferentes a las estipuladas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios para el ejercicio fiscal 2020.
En reunión presidida por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, los legisladores decidieron emitir un solo dictamen y proyecto de decreto —con base en el principio de economía procesal— a las respectivas iniciativas de los ayuntamientos citados tras advertir identidad temática.
Por otra parte, de acuerdo con el referido dictamen al que dio lectura el diputado Francisco Rodolfo Solorza Luna (PT), durante su análisis se cumplió con el principio de información propio del proceso legislativo, ya que se contó con la presencia, aclaraciones y exposiciones sobre el tema de servidores públicos del Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, la Comisión Nacional de Agua (Conagua) y la Comisión Técnica del Agua del Estado de México (CTAEM).
El resolutivo final señala que son de aprobarse en lo conducente las iniciativas de tarifas para el cobro de los derechos de agua potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales diferentes a las contenidas en el título IV, capítulo II, sección I del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Antes de la calificación del dictamen, la legisladora Mariana Uribe Bernal, a nombre del Grupo Parlamentario de morena, anunció el voto a favor de sus compañeros, ya que la información y respuestas ofrecidas por los funcionarios a las dudas y cuestionamientos de los diputados fueron puntuales. Recordó que se esperaba una reunión con los ediles de los municipios enlistados para conocer sus argumentos para solicitar tarifas diferenciadas, pero concedió que ya no sería necesario.
La diputada sin partido Juliana Felipa Arias Calderón llamó a seguir trabajando en el tema dado que las comunidades indígenas, que son las que más cuidan y protegen los recursos naturales, juegan un papel relevante para que las grandes ciudades y sus habitantes puedan disfrutar del derecho al agua.
Después de aprobado el dictamen, la presidenta María Luisa Mendoza dispuso su remisión a la Directiva de la Legislatura para su programación ante el Pleno, donde debe ser votado de manera definitiva.
En reunión previa para atender las exposiciones de los servidores públicos citados, el diputado Max Correa Hernández (morena) apuntó que en la prestación del servicio y su cobro existen grandes disparidades, y que por incrementar la recaudación se deja de lado el derecho humano al agua.
Su compañera María Elizabeth Millán García preguntó a los funcionarios en qué medida el cobro garantiza el servicio y cuál es la expectativa de lograr una mayor recaudación. Cuestionó si se respeta el medidor para establecer el cobro y por qué se cobra en unos casos con medidor y en otros por tarifa. También de morena, Elba Aldana Duarte pidió precisar que artículos pretendía modificar Naucalpan.
En seguida, Gabriel Gutiérrez Cureño, diputado de la misma bancada, llamó a cambiar paradigmas y superar la cultura del no pago. Precisó que el suministro de agua es un servicio que debe cobrarse, no un impuesto. Se pronunció por seguir trabajando con especialistas para lograr mejores soluciones.
En su exposición, Felipe Javier Serrano Llarena, del IHAEM, destacó que los ayuntamientos sí pueden pedir tarifas diferentes siempre y cuando se mantengan en el margen de los costos que les toma prestar el servicio. Añadió que si bien los ayuntamientos solicitaron en promedio 3.5% de incremento, si se consideran los subsidios fiscales al usuario final es muy posible que el costo no impacte seriamente sus bolsillos, ya que sería, en promedio, de 1.5 %.
Señaló que las peticiones de los ayuntamientos se realizaron siguiendo la normatividad correspondiente y bajo el acompañamiento del gobierno estatal, por lo que son serias y plenamente justificadas.
Arturo Lozano Enríquez, de la Subsecretaría de Ingresos, detalló que actualmente por este concepto los municipios recaudan anualmente poco más de 6 mil 400 millones de pesos, aunque tienen capacidad para elevar la suma en más de 11 mil millones. De la CAEM, Francisco Núñez Escudero admitió que son muy diversas las capacidades operativas de los municipios en este tema, pero dijo que se trabaja para conseguir una homologación mínima que les facilite prestar el servicio con mayor eficiencia. Por la Comisión Técnica del Agua, Francisco Javier Escamilla Hernandez precisó que el costo de estos servicios se calcula con base en la disponibilidad de agua y la capacidad operativa de los municipios. Por esta razón es que los cobros son diferentes entre las demarcaciones, agregó.
