Este miércoles, el secretario de Salud del estado de México, Gabriel O’Shea Cuevas, compareció ante el pleno de la LX Legislatura como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno; ahí consideró que la vacuna del Coronavirus COVID-19 estará llegando a la entidad hasta el mes marzo del 2021.
Dijo que existen cinco grupos que están desarrollando la vacuna y que seguramente la aplicación se hará en tres fases: primero el personal de salud, después los adultos mayores y grupos de riesgo, y finalmente grupos prioritarios.
“Según estamos viendo, yo considero que seguramente tendremos la vacuna de Covid más o menos en el tercer mes del año entrante. La de Cancino es solamente una dosis, las otras cuatro farmacéuticas van a ser de dos dosis”, expresó.
El tema que fue más cuestionado por los grupos parlamentarios fue el de la atención al Covid. Preguntas como ¿Qué otros servicios dejaron de operar por atender la pandemia? ¿la seguridad que se le brindó al personal? ¿las defunciones de estos profesionales? fueron algunas de las preguntas que se vertieron.
En lo referente al equipo de protección de personal dijo que se adquirieron 19 .6 millones de piezas, las cueles cumplen con todos los requisitos de control, lo que representó 413 millones de pesos.
En cuanto a las defunciones de los profesionales de la salud, han sido 136, mientras que el gobierno federal registra 219 debido a que suma personal mexiquense que ha fallecido en otras entidades.
Los únicos servicios que se detuvieron al hacer la reasignación de recursos para camas y servicios Covid fueron los de consulta externa y las cirugías programadas.
Otro tema por el que fue cuestionado el secretario, fue el del bono que se le dio al personal de salud por el tema de la pandemia. En este sentido explicó que el Gobernador determinó entregarles un incentivo a los trabajadores del ISEM que estaban en la primera línea de atención. Detalló que fueron 8 mil servidores públicos que recibieron 4 mil pesos cada uno, con cargo al presupuesto del instituto; esto representó 43 millones pesos.
La diputada de Morena, Berenice Medrano Rosas, quien es presidenta de la comisión de salud de la LX Legislatura, dijo que las condiciones de este sector no se descubrieron por la pandemia, sino que ya se estaba en esta situación.
Subrayó que existe un gobierno ausente en el estado de México para atender los problemas de salud de los mexiquenses.
“Antes de la pandemia ellos ya sabían las medidas de prevención ante este contagio mundial. Siempre han mantenido sana distancia con los mexiquenses y con el personal de salud y, sobre todo, felicidades porque ustedes se han sabido lavar muy bien las manos, paso constante para no dar cuentas claras.
“No somos un país pobre, somos un país empobrecido por políticos mafiosos que han desangrado su propia patria; no nos faltan recursos, nos sobran ladrones”, dijo expresó la legisladora.
La diputada recordó el desfalco que se registró en este sector durante la administración anterior, lo que dejó una deuda de 5 mil 674 millones.
Por su parte, la diputada del PRD, Araceli Casasola, se refirió al tema del desabasto de medicina que existe en la entidad, el cual dejó la administración anterior y que a la fecha sigue afectando a los mexiquenses.
Al respecto, Gabriel O’Shea comentó que el año pasado se cerró con un abasto del 80% de medicamentos, 82 % en material de curación. En este año la entidad se adhirió a la compra consolida que hace el Insabi, lo que permite que el Gobierno federal adquiera y distribuya las medicinas; este mecanismo permite ahorros muy importantes desde la compra consolidada.
Reconoció que efectivamente, el seguro popular era utilizado por las entidades para otros temas diferentes al de la salud.
En el caso de los 10 hospitales que están inconclusos, el secretario expresó que el Gobierno Federal se comprometió a colaborar para concluirlos, una vez que se liberen de las demandas que se tienen con las constructoras.
En el caso específico del Hospital Ceylan de Tlalnepantla, dijo que la estructura sufrió afectaciones por el sismo del 2017 pero que la construcción del nuevo es una sustitución de este, con una mayor cartera de servicios; sin embargo, dijo que la obra registra un avance del 68% pero en este momento se encuentra suspendida por falta de recursos económicos.
Aclaro que el seguro popular destinaba un 3 % para la construcción y rehabilitación de los nosocomios y que al eliminarlo, desapareció también ese dinero; pero que tras diversas platicas con el director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se logró que el Gobierno federal se comprometiera a colaborar con la conclusión que requiere de 222 millones en construcción y 362 para equipamiento.
