La LXII Legislatura mexiquense analizará la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para establecer sanciones de 10 a 20 años de prisión, y de mil a mil 500 días multa, a quien, sin autorización legal, realice, auxilie, coopere, consienta o participe en la transportación, almacenamiento, distribución, procesamiento, comercialización o destrucción de productos de los montes o bosques que sea su régimen de propiedad, tenencia o posesión de la tierra.
Además, la iniciativa para reformar el Código Penal estatal establece sanciones de 15 a 25 años de prisión, y de dos mil a tres mil 500 días multa, cuando al cometer este delito se empleen instrumentos como motosierras, sierras manuales o sus análogas y demás objetos utilizados para el daño y destrucción de los montes o bosques; cuando se utilicen vehículos, camionetas o camiones cargados con tocones de madera; y cuando participen personas servidoras públicas (que adicionalmente serán destituidas e inhabilitadas por un plazo igual a la pena privativa de libertad impuesta).
El documento, expuesto en tribuna por la diputada Sara Alicia Ramírez de la O (PT), plantea sanciones de cinco a 15 años de prisión, y de 100 a 500 días multa, para quien dolosamente deteriore, por el uso, ocupación o aprovechamiento, un inmueble que por decreto del ejecutivo del Estado haya sido declarado área natural protegida, en sus diferentes modalidades de reservas estatales, parques estatales, parques municipales, reservas naturales privadas o comunitarias, parajes protegidos, zonas de preservación ecológica de los centros de población y las demás protegidas por la ley.
