Por unanimidad, el Pleno de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados mexiquense, aprobó el dictamen que reforma al Código Penal para incrementar las sanciones por delitos forestales, ante la tala clandestina que ha devastado el 25% de los bosques estatales.
Actualmente las sanciones son de 8 a10 años de prisión para combatir redes criminales y proteger ecosistemas.
Por lo que, la reforma aprobada modifica el Artículo 229:
• A quien auxilie, coopere, consienta o participe en la transportación, almacenamiento, distribución, procesamiento, comercialización o destrucción de productos de los montes o bosques: 10-20 años de prisión + mil a mil 500 días de multa.
• Destrucción de los productos de los montes o bosques sea a consecuencia de la tala de árboles (Tala ilegal): 15-25 años de prisión + 2 mil a 3 mil 500 días de multa.
• A los autores intelectuales, instigadores, a quienes obtengan un lucro indebido o a quienes controlen o inciten a personas menores de edad o adultas mayores para cometer este delito: 15-25 años de prisión + 2 mil a 3 mil quinientos días multa.
• Nuevo agravante: 15-25 años si se comete en áreas protegidas, con violencia o armas prohibidas.
También modifica el Artículo 230, donde específica, que por daño a áreas naturales, se impondrán de 5-15 años + 100 a 500 días de multa.
Tras su aprobación, la diputada Vanessa Linares Zetina, señaló que la explotación forestal en México, abarca el 47.7% del territorio nacional (65.7 millones de hectáreas), y representa una importante actividad económica con un valor de mercado de 10 mil millones de pesos anuales. Sin embargo, la tala ilegal ha causado estragos, con la pérdida de 127 mil 770 hectáreas de bosques tan solo en el último año, beneficiando principalmente a redes criminales que operan con impunidad y explotan a comunidades marginadas.
En el Estado de México, la situación es particularmente grave, posicionándose entre las cinco entidades con mayor incidencia de delitos ambientales, por lo que, estas medidas buscan no solo proteger los bosques, sino también salvaguardar recursos hídricos, prevenir la erosión del suelo y combatir el cambio climático.
Finalmente, destacó que esta reforma honra la lucha de ambientalistas asesinados y busca desmantelar redes que esclavizan comunidades forestales: «Ya no son esfuerzos aislados; hoy tenemos herramientas legales para un combate frontal».
