La LXII Legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad la tipificación del delito de acecho o «stalking» en el Código Penal estatal, imponiendo penas de hasta seis años y ocho meses de prisión y 750 días multa. Esta reforma, impulsada por la diputada Lilia Urbina Salazar, también incorpora el acecho como una circunstancia adicional que configura el delito de feminicidio, y modifica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Con ello, se establecen sanciones de seis meses a dos años de prisión para quien, de manera reiterada, vigile, siga, persiga, rastree, busque cercanía física o establezca comunicación persistente con otra persona, con la finalidad de generarle un daño, amenaza o temor fundado por su seguridad o la de su familia, además se precisa el objetivo del acecho y se excluyen conductas derivadas del ejercicio de la libertad de expresión, periodismo, defensa de derechos humanos, protesta social o crítica a servidores públicos. El delito se perseguirá por querella, salvo si las víctimas son niñas, niños o adolescentes, en cuyo caso, se perseguirá de oficio.
Las penas pueden aumentar hasta tres años y cuatro meses y 500 días multa si se utilizan armas, se causan daños, se ejerce presión para forzar acciones, o se usan dispositivos tecnológicos para vigilancia no deseada, además, las sanciones alcanzan los seis años y ocho meses de prisión y 750 días multa si el delito es cometido por un servidor público, con destitución e inhabilitación; si se quebrantan medidas de protección, si el agresor es mayor de edad y la víctima es menor, si se causa daño físico o psicológico, si la víctima es mujer embarazada, adulto mayor o persona con discapacidad, o si existe una relación previa con la víctima. También se agrava si el delito se comete por razón de identidad de género, orientación sexual, género, antecedentes de violencia o reincidencia.
Por otra parte, también aprobó la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), por simplificación administrativa, reducir el gasto público, evitar duplicidad de funciones y fortalecer el acceso a la información y la rendición de cuentas, sin incrementar la burocracia.
El dictamen, aprobado por mayoría de votos, conjunta iniciativas de los diputados Gerardo Pliego Santana (Morena), Elena García Martínez (Morena) y del gobierno estatal; las funciones del Infoem serán transferidas a las Contralorías.
La bancada de Morena, a través del diputado Gerardo Pliego, argumentó que la extinción del Infoem evitará que sea «un botín político» y que el ahorro de recursos se destinará a necesidades de la población. La legisladora María José Pérez Domínguez calificó la medida como el reconocimiento de un «fracaso institucional muy costoso», y un reto para construir un modelo que priorice resultados y transparencia real.
Por otro lado, diputados de oposición como Rocío Alexia Dávila Sánchez (PAN), Ruth Salinas Reyes (MC), Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) y Omar Ortega Álvarez (PRD) rechazaron la propuesta, advirtiendo que debilitará los contrapesos institucionales, suprimirá un canal de rendición de cuentas y dejará a la ciudadanía sin una herramienta efectiva para ejercer su derecho de acceso a la información y protección de datos. Argumentaron que la medida no cumple un mandato constitucional y obedece a una instrucción federal.
Pablo Fernández, representante del PAN, denunció la falta de claridad sobre el futuro del personal, las partidas presupuestales y la continuidad de las funciones del Infoem: “nuestra reacción es: ni siquiera hay reglas claras. De entrada, ¿qué va a pasar con todo el personal?, las partidas presupuestales, quién se va a hacer cargo de de de la de la labor que hacía el Infoem? Pues no se sabe absolutamente nada.” Señaló que la homologación de la reforma constitucional federal a la local se pretende resolver con reglas secundarias en 90 días, un plazo que considera violatorio de los derechos humanos y que impedirá el acceso a la información pública.
El decreto establece que el estado deberá promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la transparencia, acceso a la información pública y a la protección de datos personales, por lo que se espera que, en un plazo de 90 días naturales, la aprobación de leyes secundarias que regulen esta transferencia de funciones.
