El dirigente del PRD en el estado de México, Omar Ortega Álvarez, afirmó que el Congreso de la Unión respaldó el llamado hecho al Gobierno del Estado de México, para garantizar los derechos del pueblo Otomí de San Francisco Xochicuautla, que fueron violentados por la misma autoridad a causa de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.
El también legislador federal explicó que junto con su homólogo Fernando Rubio Quiroz, presentaron un Punto de Acuerdo al respecto, mismo que fue avalado por senadores y diputados.
A través de su Comisión Permanente, el Poder Legislativo Federal apoyó la petición de los perredistas de solicitar al gobierno mexiquense un informe sobre las medidas que ha realizado para garantizar tales derechos, después de que sus fuerzas policiacas irrumpieron violentamente en la comunidad el 11 de abril pasado para continuar dicha construcción en sus terrenos.
En la propuesta original de los parlamentarios, se pedía que el Gobierno del estado de México garantizara la seguridad, vida e integridad de ese pueblo perteneciente al municipio de Lerma, que respetara los mandamientos judiciales a favor de la comunidad y en contra de la carretera, y que respetaran su derecho a la consulta libre, previa e informada sobre el proyecto.
Aunque la Tercera Comisión de la Permanente modificó la propuesta original y el Pleno de ésta la avaló, en los considerandos del dictamen correspondiente se aclara que se coincide con el espíritu original de la proposición con base en que las autoridades están obligadas a respetar los derechos de indígenas reconocidos en la Constitución, y en los acuerdos y tratados internacionales signados por México.
El 12 de abril pasado, luego de la irrupción de las fuerzas policiacas mexiquenses en San Francisco Xochicuautla, la agresión a los habitantes –incluidos niños y ancianos- y la destrucción de inmuebles, Ortega Álvarez condenó los hechos y pidió a las Comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, así como a la Cámara de Diputados y a las instancias judiciales correspondientes, intervenir y detener la injusticia.
Gracias a la presión de otros órganos e instituciones del estado Mexicano y, sobre todo, de diversas organizaciones de la sociedad civil, el gobierno mexiquense suspendió sus ilegales maniobras poco después, pero Ortega Álvarez exhortó a que no se tratara de una maniobra distractora para consumar el despojo de terrenos.
Argumentó que si tanto la autoridad federal como la estatal habían pasado sobre leyes y resoluciones judiciales previas para continuar con un proyecto iniciado por el presidente Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México y continuado por su sucesor Eruviel Ávila Villegas, para beneficiar a su contratista consentido –el Grupo Higa-, nada impediría que lo volvieran a hacer.
Confió y exhortó a que no sea así y por ello también pidió entonces a la Comisión Ambiental Metropolitana, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México tomar cartas en el asunto.
Señaló entonces que este proyecto, además de violatorio de los Derechos Humanos de los otomíes, constituye un atentado al medio ambiente de los Valles de México y Toluca por la tala de bosques, afectación a cuerpos de agua, aniquilación de fauna y urbanización que conllevaría.
Dicho de otro modo, implicaría menos recursos ambientales –como agua y aire limpios- para un mayor número de consumidores, lo que es particularmente grave cuando las autoridades ambientales federales no han podido, no han querido o no sabido detener la contaminación atmosférica y han castigado a la población de los Valles de Toluca y México –como a los conductores- con “contingencia ambientales”; es decir, con medidas reactivas extraordinarias, no preventivas.
La Comisión dictaminadora del punto de acuerdo finalmente aprobado, por su parte, consideró que en este caso las autoridades sí afectaron los Derechos Humanos de los otomíes tal como lo han hecho con otras comunidades indígenas del país y que no han respetado amparos otorgados por autoridades judiciales, entre ellos el del Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.
Por ello, finalmente, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó pedir al Gobierno del Estado de México que informe sobre las medidas que ha instrumentado para garantizar los Derechos Humanos de los otomíes, en particular los de San Francisco Xochicuautla.
