Derivado de la construcción del tramo de la autopista Atizapan-Atlacomulco, 80 manantiales, ubicados en el municipio de Villa del Carbón, podrían desaparecer afectando el abastecimiento de agua a 8 municipios mexiquenses, el estado de Hidalgo y la Ciudad de México.
El representante del Consejo Supremo del Pueblo Indigena a nivel Nacional, Jaime Vargas Martinez, señaló como presuntos culpables de esta situación a los comisariados, presidentes municipales y representantes de bienes comunales de cada comunidad quienes se enriquecen ilicitamente a costa de los terrenos de los comuneros.
«Es un enriquecimiento de unos cuantos. No es posible que se lleve a cabo la violación de derechos a nuestros pueblos indígenas por unos cuantos, hoy se presume de millones de pesos que tienen en sus manos estos representantes de los pueblos mencionados», dijo Vargas Martínez.
Asimismo señaló que los trabajos de construcción que realizan las empresa OHL y su filial, han dañado viviendas, terrenos ocupados para el cultivo, canales de riego, además de la destrucción de una iglesia y dos centros educativos en la comunidad de Las Vigas, en Villa del Carbón.
Cabe señalar que los representantes de los pueblos indígenas interpusieron dos amparo para suspender la obra en este tramo, de los cuales, uno fue violentado por Manuela Martínez Rivera, quien era representante de pueblos indígenas en Villa del Carbón, falsificando firmas para permitir, de nueva cuenta, el ingreso de maquinaria de construcción.
De la misma forma denunciaron el desacato judicial por parte de la empresa constructora en el tramo de la carretera Toluca – Nauclpan; misma que conecta con la Atizapan – Atlacomulco, ya que continúan con los trabajos de construcción a pesar de contar con un amparo emitido por un juez federal.
Por estas situaciones hacen un llamado al gobierno de la entidad mexiquense para obligar a la empresa constructora a detener los trabajos que afectan al ecosistema y pueblos indígenas, de lo contrario amenazaron con hacer un llamado a la población para realizar un enfrentamiento civil en contra de la empresa y el gobierno.
