El derecho a la ciudad implica el acceso a los servicios básicos y al disfrute pleno de los espacios públicos, para lo cual, la figura del ombudsman o defensor del pueblo es fundamental para vigilar que se cumpla esa prerrogativa, según establecieron los participantes de la Mesa Abierta del Encuentro Regional ONU-Hábitat denominada “Aportes de las defensorías del pueblo para la construcción de la nueva agenda urbana”.
La directora del Proyecto de Fortalecimiento a los Miembros de la Federación Iberoamericana del Ombudsman y moderadora de la mesa, Julia Unger, explicó que se busca fortalecer la incidencia de las defensorías del pueblo y los organismos públicos de derechos humanos en los contextos urbanos, así como explorar el derecho a la ciudad como concepto integrador para promover el ejercicio de todos los derechos humanos en las ciudades.El presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensor del Pueblo y ex defensor de Argentina, Carlos Constela, indicó que en ocasiones se definen las políticas públicas sin tomar en cuenta la perspectiva de los derechos humanos, por tanto, deben crearse instituciones tendentes a mantener el control y la vigilancia de su aplicación. Por ello consideró que para la formulación de las estrategias deben tenerse instituciones públicas no gubernamentales, independientes del poder público como las defensorías para hacerlo efectivo.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, comentó que el derecho a la ciudad implica obligaciones y responsabilidades tanto del gobierno como de la sociedad, pues convergen diversos derechos humanos como vivienda, educación, salud, movilidad, medio ambiente, trabajo, alimentación, participación y un nivel de vida adecuado, entre otros.
El Adjunto Primero del Defensor del Pueblo de Ecuador, Patricio Benalcazar puntualizó que el principal elemento del derecho a la ciudad es el disfrute pleno de los espacios públicos y debe procurarse la sustentabilidad social y evitar la discriminación, además, subrayó que las instituciones nacionales también pueden ayudar a la sociedad en la exigibilidad de los derechos.
