Hilda Salazar Gil, secretaria de la Contraloría del Estado de México, aseguró que la administración encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez se encuentra comprometida con un proyecto histórico y ético, de dignificación del servicio público, incluyente y socialmente responsable.
En reunión con sus homólogos de la Región Centro-Pacífico de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), agregó que se busca mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía con transparencia, rendición de cuentas y cero tolerancia a la corrupción, bajo la encomienda de trabajar con sensibilidad y cercanía al pueblo, haciendo efectivo el principio de “más territorio, menos escritorio”.
Salazar Gil recordó que, dentro del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, en su Eje 1. Cero Corrupción y Gobierno del Pueblo y para el Pueblo, se estableció como línea de acción el impulso de la ética pública para prevenir y combatir la corrupción al interior de la administración pública estatal; sin soslayar la necesidad de que las personas servidoras públicas adquieran una nueva conciencia ética, regida por valores y principios humanistas, donde la honestidad sea el eje rector para desempeñar sus tareas y atribuciones.
Al destacar que la administración pública requiere control y vigilancia constantes para asegurar que sus órganos y funcionarios actúen en favor del interés público y no personal, precisó que la supervisión es especialmente crucial en el manejo de la hacienda pública, a fin de garantizar el uso legal y correcto de los recursos.
Contraloría mexiquense refuerza controles de confianza para prevenir corrupción
En presencia de Guadalupe Araceli García Martínez, subsecretaria Anticorrupción y Buen Gobierno y presidenta Suplente de la CPCE-F, la Contralora estatal apuntó que la corrupción es un riesgo permanente, por lo que es fundamental ejercer una fiscalización técnica que verifique y evalúe las actividades de quienes manejan fondos y recursos estatales.
En ese sentido, y en su calidad de coordinadora de la Región Centro-Pacífico de la CPCE-F, Hilda Salazar Gil mencionó que la dependencia a su cargo ha implementado el control de confianza como una herramienta de evaluación aplicada a las personas servidoras públicas involucradas en funciones sensibles, como el manejo de fondos, auditorías, adquisiciones, supervisión de obras y otorgamiento de licencias, entre otros.
