El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una decisión este jueves que no puede pasar desapercibida: por cinco votos a cuatro, el pleno del tribunal supremo del país declaró constitucional un sistema que obligará a bajar contenidos de internet cuando alguien reclame derechos de autor.
La decisión ajusta la legislación nacional a los contenidos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá.
Y pese a las críticas de algunos activistas de la libertad de expresión, la mayoría aprobó un proyecto del Ministro Javier Láynez, que establece que el aviso y el retiro de los contenidos no viola derechos humanos de libre expresión, seguridad jurídica y debido proceso, pues solo se puede activar a petición del titular de los derechos, que debe comprobar, y tiene la agilidad necesaria para enfrentar la difusión global e inmediata propia de las redes digitales.
Esta medida legal de la Suprema Corte prevé un sistema de contra-aviso, por el cual la parte afectada por el retiro puede probar que no está violando algún derecho de autor, y prevé un plazo de quince días hábiles para subir de nuevo el contenido.
Se trata de escenarios nuevos. De los que habría que esperar reglas claras para evitar abusos y malos entendidos.
