Las disminuciones en el coste de los despidos, la mayor flexibilidad contractual y el creciente nivel de descentralización de las negociaciones colectiva son algunas de las fórmulas que contribuyen al descenso en la protección del trabajo asalariado, así como la paulatina desaparición o devaluación de derechos laborales consolidados, afirmó el investigador Santos Miguel Ruesga Benito, en la Universidad Autónoma del Estado de México.
En la Facultad de Economía de la UAEM, el académico de la Universidad Autónoma de Madrid dictó la conferencia “El mercado laboral en España, desafíos y alternativas para enfrentarlo” a estudiantes, con el objetivo de que comparen la situación del mercado laboral en Europa y América Latina.
Explicó que desde hace algunas décadas se registra en todo el mundo un periodo de transformaciones continuas e intensas en el ámbito social y económico, lo cual afecta invariablemente a la población mundial y las relaciones laborales.
Manifestó que en la década de los ochentas inició el proceso de generar nuevas reformas laborales para redefinir el funcionamiento de los mercados laborales, flexibilizar el trabajo para adaptarlo a la circunstancia de los mercados globalizados y acelerar el proceso de creación del empleo para reducir los desequilibrios propulsores de elevadas tasas de desempleo.
Sin embargo, indicó que a pesar de las numerosas reformas, la “flexiseguridad laboral”, que apuesta por la versatilidad en el trabajo y mayor seguridad para el trabajador, no se concreta, ya que los resultados de las normatividades en el campo de trabajo en Europa muestran efectos profundamente desequilibradores.
“En efecto, más flexibilidad, pero no más seguridad. De hecho, uno de los instrumentos más representativos de la seguridad en rentas es el subsidio de desempleo, sometido a profundas reformas, todas en la misma dirección: aumentar las trabas de todo tipo para el acceso a su obtención, lo que supone un retroceso de la cobertura de la prestación”.
Abundó que aunque Europa buscó implementar la denominada “garantía de empleabilidad”, que busca que cuando una persona pierda su empleo el estado haga lo posible para que lo recupere lo más pronto posible, a través de mecanismos de reciclaje en sus conocimientos, habilidades y formación, la recesión de 2007-2008 mostró que esa política no podía ser aplicada ante la austeridad de los gobiernos para salir de la crisis económica.
En ese sentido, Santos Miguel Ruesga Benito expresó que la competitividad laboral será uno de los caminos para que una persona pueda sostener su empleo.