La 59 Legislatura mexiquense designó a Alejandro Jaime Gómez Sánchez como primer Fiscal General de Justicia del Estado de México por un periodo de siete años, como resultado del análisis de la terna propuesta por el gobernador Eruviel Ávila Villegas, también integrada por Carlos Antonio Alpízar Salazar y María de la Luz Quiroz Carbajal, quienes comparecieron ante comisiones.
En sesión del Cuarto Periodo Ordinario, presidido por la diputada Martha Angélica Bernardino Rojas (PRD), el diputado Raymundo Martínez Carbajal (PRI) presentó al Pleno el dictamen aprobado por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, que incluyó tres proyectos de decreto, uno por cada integrante de la terna, conforme a lo dispuesto en los decretos 104 y 167 emitidos por la Legislatura, mientras que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que preside el diputado Cruz Roa Sánchez, se desahogaron las comparecencias.
Raymundo Martínez resaltó el trabajo y responsabilidad de las comisiones en el en el análisis del dictamen, durante el cual se valoró la experiencia de los aspirantes, atributos éticos y morales con la finalidad de contar con todos los elementos necesarios y contundentes para tomar una decisión acertada.
El diputado Javier Salinas Narváez (PRD) señaló que constituir una fiscalía no es un cambio de siglas, es atender el justo reclamo de millones de personas de dar fin a la impunidad y corrupción, mientras que el diputado Víctor Hugo Gálvez Astorga (PAN), presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, reconoció el trabajo en comisiones y recordó que desde octubre de 2015, su Grupo Parlamentario propuso la Fiscalía de Justicia del Estado de México, como un organismo con plena autonomía presupuestaria, técnica y de gestión, por lo cual su Grupo Parlamentario otorga su voto de confianza al fiscal.
Antes, durante la reunión de comisiones en las que se desarrollaron las comparecencias, una vez que Alejandro Jaime Gómez, María de la Luz Quiroz y Carlos Antonio Alpízar ofrecieron una exposición inicial, los diputados los cuestionaron sobre la autonomía y estructura institucional, condiciones y renovación del personal, combate a la violencia contra la mujer, así como atención a denunciantes y erradicación de la tortura.
El diputado Jorge Omar Velázquez Ruíz, en nombre de los grupos parlamentarios del PRI, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social, subrayó que se refrenda la alta responsabilidad de modernizar a las instituciones públicas dando paso a un modelo innovador y autónomo que regenere para bien la tarea vital de procurar justicia.
La diputada Juana Bonilla Jaime (PRD) llamó a que se integre un equipo profesional, toda vez que se requiere un cambio profundo en la institución, y afirmó que los diputados deben supervisar su trabajo conforme a sus atribuciones, mientras que el legislador Víctor Hugo Gálvez subrayó que se han logrado pasos importantes y estarán pendientes de que su responsabilidad sea cumplida a cabalidad, con autonomía e imparcialidad.
El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Jacobo David Cheja Alfaro, dijo que su bancada dará seguimiento a la transparencia, rendición de cuentas e imparcialidad, mientras que el coordinador parlamentario de morena, diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, reconoció la capacidad y profesionalismo de los aspirantes, y que el fiscal debe ser garante de la autonomía.
Durante las comparecencias, en las que también participaron los diputados Abel Valle Castillo (morena), José Antonio López Lozano (PRD) y Óscar Vergara Gómez (PT), fueron abordados, entre otros temas, las acciones inmediatas para mejorar el desempeño de esta institución y del personal, los resultados de las Bases de Operación Mixta las acciones para combatir los feminicidios.
Asimismo, los planes para abatir el rezago de carpetas de investigación, la transición de la procuraduría a fiscalía, las competencias del Ministerio Público, la atención a víctimas y ofendidos del delito, las recomendaciones emitidas por las comisiones estatal y nacional de derechos humanos, así como el salario del personal operativo.
