Factores como la desigualdad estructural y la pobreza hacen difícil que los ciudadanos tengan acceso efectivo a la justicia, porque además es un derecho que no está regulado, aseveró Mario Cruz Martínez, investigador de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana, durante su participación en el Segundo Congreso Nacional de Educación Judicial.
En su presentación “Acceso a la justicia y derechos económicos, sociales y culturales”, el especialista universitario argumentó que la pobreza es una causal para impedir el acceso a otro tipo de derechos y favorece la discriminación.
Por ejemplo –dijo- entre los casos atraídos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una empresa en Brasil obligaba a sus trabajadores a laborar de manera forzada, debido a que los empleados vivían en condiciones económicas precarias.
Acompañado del consejero de la Judicatura, Joel Alfonso Sierra Palacios, Cruz Martínez comentó que “si no tengo acceso a la justicia, prácticamente no puedo reivindicar ningún tipo de derecho”, por lo que dijo que es necesarioconocer cómo es que los tribunales del país garantizan los derechos de losciudadanos y de qué forma lo hacen.
El especialista consideró que también la falta de acceso a la educación jurídica es un problema grave en México, ya que sin esta no es posible acercarse a los nuevos modelos internacionales, ni conocer los avances más actuales de la ciencia jurídica.
