De acuerdo con la diputada federal del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, despojar de fondos públicos a universidades, institutos de educación superior y centros públicos de investigación, provocará daños irreversibles al desarrollo de la ciencia y la tecnología, consideró.
Afirmó que el gobierno federal no ha justificado, con argumentos sólidos, la desaparición de los fideicomisos y pretende apropiarse de los recursos con la simple sospecha o acusación, sin sustento, de malos manejos.
“Eso es ignorar los mecanismos de control que ya existen y si requieren fortalecerse, los legisladores podemos hacerlo sin sacrificar más presupuesto a estas instituciones”, señaló Herrera Anzaldo.
Destacó que, a través del Parlamento Abierto, donde los ciudadanos son el centro de las decisiones, la comunidad científica y académica dejó en claro que, el Poder Legislativo debe replantear la iniciativa presidencial para no desaparecer los fideicomisos, porque gracias a estos fondos, las instituciones tienen flexibilidad presupuestal para resolver problemas de corto y mediano plazo, proyectos multianuales y responder a emergencias.
La legisladora por el estado de México, cuestionó el hecho de que frente a las voces que denuncian políticas erráticas y decisiones precipitadas en perjuicio del desarrollo de la ciencia y la tecnología, únicamente la dirección del Conacyt -a cargo de una científica-, se muestra conforme con la desaparición de decenas de fondos a su cargo y la concentración de recursos en solo dos reservas.
Herrera Anzaldo reveló los riesgos de la centralización: primero, no garantiza transparencia en el manejo y asignación del dinero, y segundo, no hay certeza de que las decisiones se tomen de manera colegiada, justa y equitativa; a mayor aglutinamiento, como lo intenta el titular del Ejecutivo Federal, las decisiones son privilegio de unas cuantas personas.
“El dinero que se recupere de los fideicomisos para ciencia y tecnología va a ser muy poco en comparación con las necesidades que tiene el país, pero el daño a este sector puede ser irreversible” evidenció la legisladora, al demandar precisiones en la iniciativa de ley.
Por premura o falta de conocimiento, expuso, olvidaron tomar en cuenta que existen varios fondos que no maneja el Conacyt, que pertenecen a la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México o al Instituto Politécnico Nacional y no se sabe qué va a pasar con ellos, cómo se les va a proteger y fortalecer.
A partir del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 se han eliminado recursos indispensables a la innovación tecnológica, a la infraestructura científica y tecnológica, al programa para el fomento regional de capacidades científicas, y llegó el momento de que el Congreso de la Unión dé claridad y garantía a la asignación de presupuesto de nuestras instituciones y para que el Estado asigne cuando menos el 1 por ciento del PIB a ciencia y la tecnología.
Ana Lilia Herrera Anzaldo consideró que dentro de las decisiones erráticas que dañan al sector educativo, está la votación, a favor de la mayoría parlamentaria de Morena, para cobrar el Impuesto al Valor Agregado a la economía digital, sin tomar en cuenta que lo que gravaron, fue la educación a distancia.
“El tema los dejamos a la reflexión, porque la Constitución y la Ley General de Educación, establecen que la gratuidad de la educación pública está salvaguardada y el estado es responsable de fomentar las diversas opciones educativas, incluyendo la educación abierta que aprovecha las plataformas digitales, la televisión educativa, las tecnologías de información y de comunicación”, concluyó.
