El Representante Social de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó la probable participación de María de los Ángeles “N”, en el delito de trata de personas, en la modalidad de explotación sexual con la modificativa agravante cuando exista relación familiar y el delito sea cometido contra una persona menor de 18 años, ilícito por el que la Autoridad Judicial con sede en Tlalnepantla determinó vincularla a proceso.
María de los Ángeles “N”, enfrenta cargos por este delito en agravio de una adolescente, que es su hija, y a quien presuntamente obligaba a sostener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero.
Las investigaciones realizadas por personal de esta Institución, permitieron establecer que desde el mes de febrero de este año, la menor llegó de Tamaulipas a radicar con su madre al municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza, pero esta mujer, presumiblemente comenzó a prostituir a la víctima, con choferes de transporte público, en el mencionado municipio.
Un mes después, la víctima también era obligada a acudir a hoteles de Atizapán, y del municipio de Cuautitlán Izcalli, donde de igual manera era obligada a sostener relaciones sexuales con hombre a cambio de dinero.
Una vez que esta Institución tuvo conocimiento de los hechos, en el mes de junio de este año, el Agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente, y Policías Investigadores se encargaron de realizar diversas indagatorias para detener a esta mujer.
Con los elementos de prueba recabados, el Representante Social solicitó a un Juez librar una orden de aprehensión en contra de María de los Ángeles “N”, la cual fue otorgada y cumplimentada por personal de esta Institución, por ello ésta fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en donde quedó a disposición de un Juez, autoridad que la vinculó a proceso por el delito de trata de personas, en la modalidad de explotación sexual con la modificativa agravante cuando exista relación familiar y el delito sea cometido contra una persona menor de 18 años, con un plazo de cuatro meses para el cierre de investigación, sin embargo se le presume inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.
Por lo que hace a la víctima, permanece en un refugio especializado en donde recibe un apoyo multidisciplinario.
