El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó la participación de Eduardo Iturbe Álvarez, en el delito de secuestro exprés, ilícito por el que la Autoridad Judicial con sede en Cuautitlán Izcalli le dictó una sentencia condenatoria de 30 años de prisión.
Con los elementos de prueba recabados y aportados por esta Representación Social, un Juez del Distrito Judicial de Toluca dictó esta sentencia condenatoria para Iturbe Álvarez, quien en septiembre de 2013 participó en el secuestro de una menor de edad, en el municipio de San Mateo Atenco.
Los hechos se registraron cuando la víctima caminaba en el kilómetro 8, en la Avenida Baja Velocidad, en el municipio de San Mateo Atenco, donde fue interceptada por un sujeto, quien la sometió y por la fuerza la subió a un vehículo, en el que se encontraban sus cómplices, entre estos el ahora sentenciado.
Estos individuos llevaron a la menor de edad a un inmueble ubicado en la colonia Los Sauces, Primera Sección, en el municipio de Toluca, en donde la mantuvieron privada de la libertad, y luego se comunicaron con sus familiares, a quienes les hicieron saber que la tenían secuestrada y por su liberación les solicitaron una suma económica.
Días después la víctima fue liberada por lo que fue denunciado este ilícito ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y Agentes de Investigación se encargaron de realizar diversas indagatorias que permitieron identificar a Iturbe Álvarez como un probable partícipe de los hechos.
Cabe mencionar que este sujeto figuraba en la lista de los más buscados por autoridades mexiquenses por el delito de secuestro, y esta Institución ofrecía una recompensa de hasta 50 mil pesos para quien aportara datos para su localización.
Una vez detenido, este sujeto fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, en donde un Juez previo proceso legal, le dictó esta sentencia condenatoria. Además de la pena privativa de libertad este sujeto deberá pagar una multa de 102 mil 400 pesos, y 61 mil 380 pesos como reparación del daño, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.
