La Cámara de Diputados mexiquense aprobó por unanimidad la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México. La nueva norma establece las bases, principios y directrices de la administración pública para “planear, regular, gestionar, ordenar, fomentar y garantizar la movilidad, mediante su reconocimiento como un derecho humano del que goza toda persona, sin importar su condición, modo y medio de transporte”.
La Ley de de Movilidad y Seguridad Vial prevé un enfoque de sistemas seguros, por lo que incorpora la figura de la videograbación como elemento de prueba en caso de ilícitos, avala la licencia de conducir para operador del servicio público desde los 18 años, regula los mototaxis e incorpora el tema de la profesionalización de personas operarias.
Según informó la Legislatura local, “señala los derechos de las personas usuarias del transporte público, conductoras y operadoras de la movilidad motorizada, de las y los operadores, así como ciclistas, para lo que constituye el Fideicomiso de Movilidad para Ciclistas y Transeúntes del Estado de México y destaca la necesidad de contar con infraestructura vial ciclista inclusiva; señala las disposiciones para otorgar concesiones de transporte, así como las obligaciones de quienes prestan servicios electrónicos de transporte privado”.
La ley indica que “a través del Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial se dará prioridad al desplazamiento de las personas, particularmente de los grupos vulnerables, así como de bienes y mercancías, con base en la jerarquía de la movilidad, que disminuya los impactos negativos sociales en materia de acceso a la salud, medio ambiente, economía y el combate a la desigualdad, con el fin de reducir muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales, para lo cual se debe preservar el orden y seguridad vial”.
La nueva legislación detalla que la movilidad se gestionará para transitar hacia la sustentabilidad en tanto que la seguridad vial es la prioridad del sistema integral de movilidad, mediante condiciones de accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
También puntualiza que el derecho humano a la movilidad implica la obligación del gobierno estatal y de los municipios de realizar acciones que tiendan a procurar su debido ejercicio en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad y contribuir al desarrollo sustentable del Estado.
