En reunión de las Comisiones Legislativas de Procuración y Administración de Justicia, junto con Recursos Hidráulicos, se inició el análisis de dos iniciativas para endurecer las penas relacionadas con el robo y desvío de agua en el Estado de México. En la reunión, se presentaron las iniciativas de Morena y el Partido Verde Ecologista de México.
Al respecto, la diputada Zaira Cedillo Silva de Morena, refirió que su iniciativa busca reformar diversos artículos del Código Penal del Estado de México, pues se estima que más del 40% del agua potable en la entidad es robada, ya sea por desvío, tomas clandestinas o pozos irregulares, y que entre 2023 y 2024 se registraron 37 denuncias, pero no hay personas sentenciadas por este delito debido a las penas actuales, consideradas mínimas.
«Es por ello que presentamos esta iniciativa, porque es necesario que desde este Congreso nosotros podamos ayudar a las autoridades, con modificaciones que permitan que las aprehensiones sean efectivas y reciban el castigo pertinente, ya que al no tener un castigo severo para las personas que sustraen o hacen este huachicoleo del agua, entonces, lo que sucede es que eso, a lo que siempre hemos llamado corrupción y que ha existido en diversos organismos y espacios, se permite; puesto que funcionarios públicos que también pudieran ser parte de este robo del agua, autoridades, personas pertenecientes a seguridad públicas, municipales, estatales u otros, se prestan ya que si tiene que pagar una persona una multa de 600 pesos o hasta 20 mil, eso no es nada para una persona que roba, huachicolea el agua, y que eso se lo arrebata en un ratito a una familia. En el Estado de México se roban 4 mil litros de agua por segundo, según datos de la Secretaría del Agua”, señaló la diputada.
La propuesta incluye modificaciones para sancionar a quienes conducen unidades de transporte de agua robada, a servidores públicos y autoridades coludidas con el delito, proponiendo penas de prisión e inhabilitación; también busca reducir el umbral para considerar el robo de agua a partir de 200 litros (actualmente es de 600 litros) y sancionar el desvío de flujo, la alteración de tomas y la distribución de agua robada, ya sea en pipas o cualquier otro contenedor. Las multas económicas propuestas oscilan entre 20 mil y 25 mil UMA’s, es decir, que podría superar los 2 millones de pesos.
Por su parte, la diputada Miriam Silva Mata, del Partido Verde Ecologista de México, señaló que el robo de agua es un problema que ha superado a la entidad, citando ejemplos como Ecatepec, donde se han detectado diferentes formas de sustracción ilegal, ante ello, propuso que el robo de agua se persiga de oficio, eliminando la necesidad de una denuncia previa, y que sea considerado un delito grave.
«¿Qué significa que sea grave y no sea un delito no grave? El delito grave lo que da es la posibilidad que, cuando llegue a la primera audiencia contra en un juez de control, pues este juez pueda dictar una medida de prisión preventiva oficiosa, entonces, desde un primer momento hacemos que los criminales no estén en la calle, porque si lo dejamos como delito no grave, nunca en la vida tendríamos una persona en un proceso dentro de una prisión. Entonces, son de las dos puntos que nosotros en esta modificación que estamos proponiendo consideramos que es la base para combatir el robo del agua y además, así como está la norma, también es muy complicado llevar a cabo el tema de la judicialización; porque si ustedes leen la norma se queda tan ambigua, que la persona que simplemente transporta el agua en una pipa en cualquier municipio, no está cometiendo un delito, aunque supiéramos que sí, porque hoy se les permite movilizarse en pipas, en tráilers, en coches, en combis llenas de bidones (recipiente hermético, utilizado para almacenar y transportar líquidos) de más de mil litros. Así como hoy tenemos la tipificación, solamente se puede tipificar cuando está la compra y venta casi instantáneamente y alguien lo está viendo, eso no sucede en la realidad. «, explicó.
Finalmente la iniciativa del Partido Verde no propone penas de prisión tan elevadas, buscando respetar el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 22 constitucional, para no equipararlo con delitos como el robo de hidrocarburos. Ambas iniciativas seguirán en análisis.
