Las nuevas disposiciones dadas a conocer en las cuáles se penalizan prácticas relacionadas al outsourcing con hasta 2.5 años de prisión envían un mensaje inadecuado de criminalización de actividades productivas y no abona a la llegada de inversiones y empresas al país.
Laura González, Presidenta del Consejo Coordinador del Estado de México indicó que esta es una práctica que se enfoca, en que, deberían ser administrativas giros o servicios, donde se tienen muchos trabajadores con miles de colaboradores e incluso en oficinas gubernamentales.
Hizo un llamado a no tener posturas radicales que puedan afectar la creación de nuevos empleos, y aunque dijo siempre se busca impulsar medidas que impulsen cultura de la legalidad, esto debe darse a través de estímulos e incentivos y formas en que las empresas cumplan.
De tal suerte, que dijo, lo deseable es que se hubieran llevado a cabo mesas de trabajo en coordinación con la iniciativa privada, con el fin de establecer sanciones administrativas que no envíen un mensaje tan radical al respecto
Finalmente dijo, no se tiene suficiente información entre la población y las empresas de estas nuevas medidas por lo que buscarían que haya un periodo de difusión y conocimiento de la norma antes de comenzar con las inspecciones en la materia.
