El Estado de México ya tiene una Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
Esto luego de que el pleno de la LX Legislatura aprobó, este martes, el dictamen que fue avalado en comisiones y que establece al periodismo como una actividad de interés público, la cual debe de ser tutelada y protegida por el Estado.
“La Ley establece la obligatoriedad del Estado para adoptar constantemente un discurso de reconocimiento social y de condena a cualquier tipo de agresión contra periodistas y defensores, obligándolo además a implementar protocolos especiales para prevenir, violencia de género contra mujeres periodistas y defensoras”, se detalló en la sesión.
Uno de los puntos importantes a destacar es la creación de un mecanismo de protección, similar al federal; esto implica desde la reubicación temporal hasta salvaguardar la vida de los periodistas y defensores de derechos humanos, así como las de sus familias.
Esta ley contempla los derechos de los periodistas como lo son el respeto al secreto profesional, que implica que nadie puede obligar a un profesional de la comunicación a revelar sus fuentes, no se les podrá asegurar o revisar su material de trabajo como las cámaras o grabadoras; otro derecho es la cláusula de conciencia y que refiere a que un periodista no puede ser obligado a escribir algo que vaya en contra de sus principios ideológicos.
También se crea una Fiscalía Especializada para la atención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; además de que se establece un capítulo referente a los delitos en contra de la libertad de expresión, en el que se tipifican los delitos en contra de la libertad de expresión.
En esta misma sesión, se aprobaron reformas a la Ley de Voluntad Anticipada, que entre otras cosas, establece que la escritura de voluntad anticipada servirá para que una persona manifieste su decisión que se le someta o no, a tratamientos médicos o paliativos durante la etapa terminal de una enfermedad.
Otro punto, fue el nombramiento de María Isabel Clemente Muñoz como titular del Instituto de Estudios Legislativos.
