Por: Edgar Rodrigo Villaseñor Escamilla
Durante décadas, el estado de México ha enfrentado retos persistentes en su sistema político relacionados con la corrupción, un problema que se refleja principalmente en gobiernos municipales. Desde que Morena asumió el gobierno nacional, y sobre todo, el estatal, la lucha contra la corrupción se ha presentado como uno de sus ejes centrales, aunque no hay evidencias de que ese combate termine en castigos.
Al corte de abril de 2025, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de México abrió 458 carpetas de investigación por casos de corrupción. De estas carpetas, 450 se judicializaron y se realizaron 56 vinculaciones a proceso penal, apenas el 12 por ciento de los casos registrados.
En municipios como Toluca, y Naucalpan, los gobiernos municipales han sido señalados por irregularidades en programas sociales, asignación de contratos públicos y actos de opacidad. Pero todo queda en señalamientos y acusaciones mediáticas y políticas. Por ejemplo, Isaac Montoya Márquez, alcalde de Naucalpan, ha sido acusado de tejer acuerdos y complicidades con exfuncionarios panistas y priistas, los cuales han sido inhabilitados para ocupar cargos públicos, como Edgar Olvera, David Sánchez Guevara o José Luis Durán, entre otros.
La ciudadanía sigue calificando a las instituciones como corruptas. En Toluca, a pesar del discurso, no se ha logrado que la gente confié en la policía, ya que el 46.4 por ciento de los ciudadanos consideran corrupta a la policía municipal, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI.
Uno de los casos de presunta corrupción que cobraron relevancia hace dos años fue el señalamiento de que funcionarios municipales cobraban indebidamente el programa “Salario Rosa”, el cual fue reemplazado por “Mujeres con Bienestar”. A pesar de los reportes del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, no se han registrado acusaciones formales y sanciones contundentes que demuestren una persecución efectiva.
Durante la evaluación al Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción realizado por el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, se registró un 46 por ciento de eficiencia en el combate a la corrupción, ya que no hay un diagnóstico claro y no se define qué problemas se quieren combatir.
